-La mayoría de los recursos no quedarán en Poza Rica
Por Jesús Rodríguez
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Norte, Jesús Herrera Franco, señaló que la inversión que Pemex destinará para la zona, durante 2018, prácticamente, tiene un interés político, muy lejano a favorecer de manera real la economía de la zona, la cual para el próximo año, podría quedar aún más empobrecida, por lo que el anuncio de la empresa productora del estado, solo representa un engaño más para los pozarricenses, estimó el representante empresarial.
Sostuvo que de acuerdo con los antecedentes estructurales de inversión de Pemex Región Norte, ahora conocida como Subdirección de Pozos No Convencionales, atiende cuatro áreas geográficas, donde el presupuesto destinado, no se ejerce en su totalidad en Poza Rica, sino que va destinado casi por completo a la extracción en el área de Burgos y 6 compañías petroleras.
Las áreas geográficas, corresponden a, Reynosa, con el Proyecto Burgos, con el mayor yacimiento de Gas del País; la Cuenca Tampico–Misantla con las mayores reservas petroleras terrestres del país y el 40 por ciento de las reservas totales, que se administran; en el norte, desde Altamira, Tamps., con dos bloques petroleros asignados a Diavaz y Petrofac; además del centro y sur desde Poza Rica, con seis bloques petroleros asignados a las empresas Halliburton, Diavaz junto con Weatherford, Vitol Energy, C P Latina; también en el en el Puerto de Veracruz, donde se administran los pequeños yacimientos del centro del Estado.
Estimó que la política económica de Pemex que ha mantenido durante los últimos 35 años no variará, y a ellos se estarán sumando las afectaciones generadas por la Reforma Energética, la cual, centralizó las compras gubernamentales, que estableció plazos de hasta seis meses de pago en los contratos, lo que deja fuera a las MIPYME´s, de cualquier posibilidad de relación con la empresa productora del estado; no hay un marco jurídico que regule la relación comercial entre empresas locales con compañías para garantizar los pagos por prestación de servicio, los cuales tardan hasta dos años en ser cubiertos por las compañías, lo que genera quiebres o cierres de las empresas proveedoras locales, por lo que en síntesis, el ajuste legislativo ha propiciado un abuso y desmembramiento de las economías locales.
