-Imposible dar atención y orientación oportuna a los tamiahuenses
DE LA REDACCIÓN
Tamiahua continúa siendo un pueblo a la deriva en materia de impartición de justicia ante la falta de un fiscal que atienda de manera inmediata las denuncias de la población en general, que ha perdido la confianza en la sistema de justicia.
Prácticamente desde la salida de Daniel Morrugares Ramos quien se desempeñaba como fiscal en el municipio de Tamiahua, a finales del 2015, varios han sido los personajes que han tomado el cargo de manera interina, mermando la eficacia de esta instancia.
Pobladores de este municipio señalan que no existe fiscal en Tamiahua, y aunque la fiscalía es atendida por personal sindicalizado, es necesaria la presencia un fiscal que dé seguimiento a los casos presentados en su mayoría robo de ganado, robos a casas-habitación cometidos en este municipio y que a falta de un responsable tienen que remitirse a la Fiscalía de Tuxpan.
Indican tamiahuenses que el último fiscal que fue signado a este municipio, en abril del 2016 Raúl Villiers Lagos, quien solo se presentaba de manera esporádica y dejó de hacerlo luego de febrero del 2017, delatando la falta de seriedad para los asuntos de este municipio.
Tamiahuenses señalan que están hartos de no contar con las herramientas necesarias para poner una denuncia, pues se carece de una orientación adecuada para hacer valer sus derechos y acceder a la justica cuando son víctimas de la delincuencia y de los atropellos sin que Fiscalía General del Estado de Veracruz se digne a enviar un fiscal al municipio luego de casi un año de que Villiers Lagos dejó de presentarse.
Señalan que reiterativamente los órganos de justicia y principalmente de la Comisión de Derechos Humanos exhortan a la población a denunciar y dar seguimiento a las denuncias y que incluso los servidores públicos pueden ser denunciados si no dan seguimiento y resolución a las denuncias hechas por la población, sin embargo existen trabas, como la falta de funcionarios, tal en el caso de Tamiahua, situaciones que deben atenderse de raíz para que la población vuelva a creer en el sistema de justicia y exista un verdadero avance en la impartición de justicia.
