“El Gobierno pretende controlar toda la actividad económica del país, se pretende efectuar una absoluta fiscalización de toda la sociedad; ahora ninguno que diga que gana 10 mil pesos podrá gastar 11 mil: el Fisco le va a preguntar de dónde salieron esos mil y reclamará el impuesto de ese dinero extra, pero en el peor de los casos el SAT puede decir que ese ingreso no fue declarado y multará hasta con 12 mil pesos”.
De ahí, consideró que se avecina el tiempo en que se tendrán que comercializar bienes y servicios sin monedas, pues todo será mediante tarjeta bancaria y la intermediación bancaria obligatoria.
Agregó que la Ley Antilavado pone de manifiesto el riesgo para la ciudadanía, principalmente para los habitantes pobres de zonas marginadas, quienes no tienen una cuenta bancaria y están acostumbrados a la venta de sus animales o del fruto de sus parcelas en efectivo.
“Es terrible que sólo se pretenda fiscalizar al pueblo y la clase política no pase por ese mismo filtro. El pueblo ya no puede comprar una casita con el ahorro del cochinito porque tiene que demostrar el origen de cada peso; pero los altos funcionarios de hoy compran casotas de muchos millones sin que el pueblo sepa de dónde los sacaron, porque ellos son invisibles para el SAT, la Contraloría, la ASF, entre otros”, dijo.
