-El alcalde Miguel Taboada, del Ayuntamiento de Perote, dio trabajo a toda su familia en el municipio
DE LA REDACCIÓN
Empleados y desempleados del ayuntamiento de Perote denunciaron que el actual alcalde, Miguel Sebastián Taboada Ortiz, está “cansando” al personal y transfiriéndolo a áreas que no le competen.
Los afectados ofrecieron conferencia de prensa para exhibir las anomalías, como que algunos son obligados a laborar como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Quieren cansarlos ahorita, en la quincena que acaba de pasar para llevarlos a trabajar como policías, cuando no tienen el perfil de hacer eso. Estamos muy molestos los trabajadores del ayuntamiento y le pedimos al señor gobernador que tome cartas en el asunto”, expresó uno de los inconformes que evitó dar su nombre.
Otra de las anomalías en el Ayuntamiento es que la hija de Taboada es la directora del DIF, su hermana labora como presidenta del DIF, su hijo y sobrinos participan en las Obras Públicas del municipio, y se presume que desvían dinero por gestionar altos montos para estas obras.
De acuerdo con los quejosos, desde que Taboada Ortiz tomó posesión, pactó con el síndico, Arturo Salazar, para coordinar abuso laboral, despidos injustificados y acuerdo de violaciones en todos los aspectos del personal del ayuntamiento.
“Que regrese nuestro presidente municipal anterior y que se vaya a hacer tortas donde bien le salen. Apenas entró el día de hoy, por eso pedimos que se detenga esta situación”.
La inconformidad se ha presentado desde que inició el año. Por lo anterior se le ha exigido al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares atención a la situación que vulnera los derechos laborales y humanos de los empleados y desempleados del Ayuntamiento de Perote.
Los quejosos recordaron que Taboada está endeudando a un nivel extremo al municipio, por firmar un contrato con una empresa de su elección.
La empresa se denomina Proveeduría Bienes y Tecnología, SA de CV, donde el ayuntamiento, a través del alcalde, concesionó el servicio de alumbrado público por 115 millones 908 mil pesos durante los próximos diez años.
