Con un pie en la cárcel

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Con un pie en la cárcel

-Le niegan todos los amparos a Gabriel Deantes 

Por Santiago García

Al sentirse cercado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y perder los amparos que ha promovido ante juzgados federales asentados en Veracruz, ahora el exsecretario de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos, intentó evadir la justicia tramitando juicios de amparo en Cholula, Puebla, pero igualmente los está perdiendo.

En este momento, salvo que haya tramitado algún nuevo amparo en otra entidad del país, distinta a Veracruz y Puebla, Gabriel Deantes Ramos no contaría con protección de la justicia federal, por lo cual la Fiscalía General podría proceder en su contra, si existiera una orden de aprehensión autorizada por algún juez de control. 

Gabriel Deantes Ramos, quien es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito de más de 50 millones de pesos, fue vinculado a proceso en noviembre del año pasado, donde se le aplicaron medidas cautelares como el pago de una fianza de un millón de pesos, no salir del país y acudir a firmar cada 15 días al juzgado en Pacho Viejo. 

El exoperador político favorito de Javier Duarte de Ochoa perdió otro amparo con el que buscaba combatir la vinculación a proceso por enriquecimiento ilícito dentro del proceso que le sigue la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras recibir las sentencias en contra de jueces federales y del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, por los tres juicios de amparo promovidos, donde le niegan la suspensión de los actos en su contra, ahora el exoficial mayor de la SEV ha decidido conseguir los amparos en Puebla, pero ahí también le han sido negados. 

Deantes Ramos buscó la protección de la justicia federal a través del amparo 1352/2016 en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en Cholula, Puebla, pero sus argumentos no bastaron para convencer al juez. 

Y es que Gabriel Deantes quiso evadir la vinculación alegando que durante la audiencia celebrada el 17 de noviembre de 2016 la Fiscalía General del Estado no respetó el principio de oralidad que establece el nuevo sistema de justicia penal, y que además el juez no precisó exactamente el cargo que desempeñaba al momento de la ocurrencia de los ilícitos que se le imputan. 

Ante esos dos argumentos, el juez federal enfatizó que es viable que durante el desarrollo de las audiencias la parte acusadora podrá leer registros para apoyo de memoria, además que la lectura de los datos “fue autorizado por el juez de control, ante la inconformidad de la defensa en que se leyeran los datos de prueba”.

Por ello, consideró que “no existe violación al aludido principio de oralidad que rige el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Además, determinó que su segundo argumento es fundado pero inoperante; es decir, si bien se reconoce que al momento de resolver su situación jurídica precisó que se había desempeñado como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación, sin especificar si era a nivel estatal o federal, posteriormente adujo que era empleado estatal.

Además, aunque el juez dijo que se había desempeñado como secretario del Trabajo, luego del Trabajo y Producción, finalmente puntualizó que era del Trabajo y Previsión Social.

Por tal, concluye que el concepto de violación que argumenta Deantes es inoperante, “pues a nada práctico conduciría conceder la protección de la Justicia Federal solicitada para el único efecto que se corrijan esas cuestiones.

“En primer término porque existe documentación que acredita los cargos que desempeñó el quejoso y que fueron precisados por el juez de control”.

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