-Por desvío de más de 5 mil mdp en 2016
DE LA REDACCIÓN
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que el daño patrimonial del ejercicio fiscal 2016 asciende a 12 mil 493 millones de pesos, de ese total 660 millones de pesos corresponden a 102 municipios.
Detalló que como parte del dictamen del Informe de la Cuenta Pública que remitió el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), se impondrán denuncias penales de inmediato contra ex funcionarios de once dependencias, entre ellas: Sefiplan, SEV, Protección Civil, SIOP, SSP y Sedarpa, entre otras.
Aseguró que la Contraloría y la Sedema, así como 20 municipios, salieron de la lista de daño patrimonial porque entregaron documentación que obligó a que las observaciones financieras se consideraran solo como administrativas.
Además de la Contraloría y la Sedema, se justificó el manejo financiero de los municipios de Álamo, Amatlán de los Reyes, Atzalan, Benito Juárez, Camerino Z. Mendoza, Castillo de Teayo, Chicontepec, Coatzintla, Cuitláhuac, Fortín, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Los Reyes, Misantla, Mixtla de Altamirano, Nanchital, Naranjos, Sochiapa.
“Se sacaron 25, nosotros como Comisión de Vigilancia dentro de la dictaminación nos faculta la Constitución de recibir documentos y los técnicos de la comisión hicieron una revisión”.
El panista aseguró que la exclusión de algunos entes de la lista negra no fue una moneda de cambio, y aclaro que Rodrigo García Escalante se “excusó” de la votación cuando se revisó el caso de la Contraloría General del Estado, pues se trataba de observaciones al manejo financiero que hizo su papá, Ricardo García Guzmán.
“Nosotros actuamos en base a la legalidad y con la ley en la mano” dijo y señaló que se revisó la información que se proporcionó y reiteró que tienen la facultad para poder modificar la lista de daño patrimonial.
Comentó que fueron varios los entes que se acercaron pero en algunos casos no se acreditó el manejo financiero.
Afirmó que en la segunda fase los entes que no aprobaron la cuenta pública tienen 15 días hábiles para acudir a una audiencia al Orfis y posteriormente tiene 45 días para poder justificar el manejo de los fondos o reintegrarlos a las arcas municipales.
