-Por desvío y simulación de 23 mil mdp
DE LA REDACCIÓN
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR), 62 denuncias de hechos e iniciado 20 procedimientos para fincar responsabilidad penal en contra exfuncionarios que desviaron y simularon el reintegro de 23 mil 373 millones de pesos de fondos federales, en la administración de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
A la fecha la PGR no ha ejercido acción penal en 47 denuncias por desvíos, y otras 13 denuncias por simulación de reintegro de recursos están en litigio, pues la dependencia se declaró incompetente para tomar acción legal.
El informe especial sobre fiscalización y sus resultados 2011-2016, revela que entre 2011 y 2015 se interpusieron 47 denuncias por el desvío de 17 mil 996 millones de pesos a lo que suman denuncias por 4 mil 770 millones de pesos por la simulación de reintegros desde el 2008 al 2011, por desvíos de fondos federales destinados a salud, educación y seguridad.
A esto se suman, 20 acciones que han derivado en la instauración del mismo número de Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, con motivo de las auditorías practicadas al estado de Veracruz, correspondientes a la Cuenta Pública de 2011 a 2013, por un monto de 806 millones de pesos.
Por las de 15 denuncias de simulación de reintegros, exfuncionarios se ampararon y a la fecha existen 12 amparos en contra de las medidas, y dos procesos de reintegración de recursos por 1 millón de pesos de recursos de salud y seguridad pública.
Según el informe especial que se publicó el pasado 31 de octubre, las denuncias y proceso corresponden al manejo del Gobierno del Estado, involucra a algunos municipios y a la Universidad Veracruzana.
La auditoría revela adicionalmente, que derivado del análisis de las cuentas del 2011 al 2016, hay pendientes de solventar recursos por 53 mil 449 millones de pesos por el manejo irregular de fondos federales principalmente destinados a educación, infraestructura, salud, fondos regionales, entre otros.
El informe de detalla que entre las anomalías más comunes están : la transferencia de recursos a otras cuentas, recursos que se concentraban en la secretaría de finanzas pero no eran entregados a la instancia ejecutora , retenciones no enteradas a terceros institucionales, recursos ejercidos que no cumplen con el objetivo del fondo, y falta de documentación para comprobar el gasto.
Del análisis de cinco años del gobierno de Javier Duarte, la auditoría informó que se realizaron 224 auditorías y se determinaron 1 mil 741 observaciones, de las cuales 988 fueron solventadas por las entidades fiscalizadas antes del cierre de las auditorías.
Sin embargo, 559 quedaron pendientes, las cuales generaron 841 acciones, de las que 166 son recomendaciones, 17 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 31 fiscal, 75 solicitudes de aclaración, 187 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 395 pliegos de observaciones.
Estas acciones para promover responsabilidades sancionatorias están a cargo de la Contraloría General del Estado, pero se desconoce a la fecha cual fue el destino final de las peticiones de la ASF.
SIN ACCIÓN PENAL POR DESVÍOS DE 23 MIL MDP
En las denuncias por 23 mil mdp que se han hecho ante la PGR, hay funcionarios involucrados de la Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Desarrollo Social, cuyos titulares en su mayoría ahora son diputados federales.
Hasta el momento la PGR no ha ejercido acción penal contra ningún funcionario en Veracruz por estos desvíos de recursos que datan desde el 2011.
Cabe recordar que en 2014 la ASF presentó 15 denuncias ante la PGR por la simulación del reintegro de más de 4 mil 770 millones de pesos de fondos federales del 2008 al 2011.
Sin embargo, la PGR se declaró incompetente en 13 de los expedientes y argumentó que los delitos eran del fuero común, envió las denuncias a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, quien resolvió no ejercer acción penal.
La Auditoría presentó una primer demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, la 6793/2015, en la que reclamó que la PGR no le hizo de su conocimiento el derecho a la coadyuvancia.
También reclamó la determinación de declinar la competencia en las averiguaciones porque en su opinión los delitos y recursos imputados en sus denuncias son del orden federal, no del fuero común. Cuestionó que la PGR no recabara su opinión antes de que determinara enviar las investigaciones a Veracruz, decisión que tomó a sus espaldas.
Por ello, solicitó invalidar los acuerdos de incompetencia dictados por la Dirección General de Asuntos Especiales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
