Penal de Medellín obra fantasma

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Penal de Medellín obra fantasma

-Ya se cumplieron 8 años de que se prometió la construcción

DE LA REDACCIÓN

El pasado 31 de diciembre, se cumplieron ocho años de que el décimo séptimo distrito judicial de Veracruz carece de un penal donde recluir a quienes la ley halla como responsables de la comisión de un delito.

Fue el gobernador Fidel Herrera Beltrán quien emitió una declaratoria de inhabilidad del penal y quien a principios del 2010 anunció la construcción de un centro de readaptación social en el municipio de Medellín de Bravo con una inversión de 500 millones de pesos, el cual reemplazaría al extinto Allende.

El proyecto de construcción del penal en el municipio de Medellín de Bravo establecía que los trabajos se finalizarían en un plazo de 18 meses.

Dicha obra se adjudicó de manera directa a la constructora Infraestructura Técnica SA de CV, la cual recibió un adelanto de 179 millones de pesos.

Se venció el plazo y el proyecto no registró mayor avance, de lo cual dio cuenta el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en la revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) correspondiente al ejercicio fiscal 2012, al informar a los legisladores locales que la obra se encontró “sin terminar y abandonada”.

La constructora responsable de la obra sólo levantó parte de la barda perimetral y del área de preliberados, sin registrar mayor avance.

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa anunció el 29 de junio del 2012 que el presupuesto para construir el penal en Medellín de Bravo se incrementaría en 353 millones de pesos, por lo que del monto inicial de 500 millones pasaría a 853 millones 899 mil 312 pesos.

A la fecha, la obra se mantiene en el abandono total, se desconoce el destino que tuvieron los recursos que se aprobaron para la construcción de dicho penal y no hay responsables tanto por el proyecto inconcluso como por un probable mal uso de los recursos públicos.

Por otra parte, la desaparición del penal Allende provocó que los reos de ese entonces fueran reubicados en otros ceresos de la entidad.

Esa misma situación prevalece en la actualidad por la falta de un cereso en este distrito judicial, ya que quienes son hallados como responsables de un delito en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo, La Antigua, Tlalixcoyan y Alvarado son internados en penales ubicados en otras partes del estado, lo cual representa un gasto para el bolsillo de sus familiares, tanto para su defensa legal como para su visita.

Por su parte, abogados manifiestan que la falta de un penal en este distrito judicial incumple lo que establece el artículo 18 constitucional sobre la reclusión, la cual se considera que debe ser cercana al domicilio del reo, ya que se trata de un derecho fundamental.

FHB DECLARA INHABITABILIDAD DEL PENAL ALLENDE

El gobernador Fidel Herrera Beltrán declaró la inhabitabilidad del penal Allende a finales de diciembre del 2009.

Dicha declaratoria se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el jueves 31 de diciembre del 2009.

El exmandatario justificó la desaparición del cereso por estimar que contaba con una sobrepoblación que favorecía la proliferación de enfermedades contagiosas entre los reclusos.

Además, según Herrera Beltrán, la estructura del inmueble incumplía con los requerimientos de seguridad y sanidad.

Incluso, ante los representantes de los medios de comunicación, Fidel Herrera dijo que la medida obedeció a informes de inteligencia que advirtieron sobre un motín y ejecuciones de procesados y custodios al interior del reclusorio supuestamente programada para el 9 de enero del 2010 y negó que la declaratoria se emitiera por la necesidad de que se desocupara el inmueble para la filmación de la película “Atrapen al gringo” protagonizada por Mel Gibson.

En consecuencia, el ahora exgobernador ordenó el traslado de la población del Allende a otros penales de la entidad, lo cual obligó a autoridades federales y estatales a reubicar a 960 reos a principios del 2010 pese a las muestras de inconformidad de sus familiares.

FHB ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE PENAL EN MEDELLÍN CON INVERSIÓN DE 500 MDP

La administración de Fidel Herrera Beltrán anunció a principios de enero del 2010 la construcción de un cereso cerca de la comunidad denominada Celaya, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, el cual sustituiría al penal Allende.

El proyecto contemplaba una inversión inicial de 500 millones de pesos y un periodo de construcción de 18 meses.

Las autoridades estatales de ese entonces adjudicaron la obra de manera directa a la constructora Infraestructura Técnica SA de CV, la cual recibió un anticipo de 179 millones de pesos.

Los trabajos se iniciaron, se colocaron los cimientos y comenzó el levantamiento de la barda perimetral pero la actividad se detendría por completo por motivos que las autoridades estatales no informaron a los veracruzanos, lo cual consignó el Órgano de Fiscalización Superior.

La administración de Javier Duarte de Ochoa anunció el 29 de junio del 2012 que el presupuesto para construir el penal en Medellín de Bravo se incrementaría de 500 millones a 853 millones 899 mil 312 pesos.

Además, la administración duartista se comprometió a operar el nuevo cereso para el 31 de diciembre del 2014 debido a que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio entraría en vigor en la entidad veracruzana en el año 2016.

OBRA SIN TERMINAR Y ABANDONADA: ORFIS

Al revisar en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012 la aplicación de los recursos que el Gobierno del Estado recibió del “Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados 2012” (PROFISE 2012), los cuales fueron administrados por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), el Orfis detectó una serie de irregularidades en la construcción del penal de Medellín de Bravo, pues la obra se halló sin terminar y abandonada.

La constructora a la que se le asignó la obra solo levantó parte de la barda perimetral y el área de preliberados.

El personal del Orfis realizó una inspección de campo y no encontró trabajadores en el lugar.

La obra, incluida en el PROFISE 2012, registrada con el número 107S1100120002 y nombre “Construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz 1ª. Etapa, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz”, careció: de comprobación del gasto, de finiquito y de fianza de vicios ocultos, de actas de entrega-recepción del contratista al ente y la dependencia que la operaría y del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Además, la obra del nuevo cereso formó parte del “Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario del Estado 2010”, registrada con el número 107S110013000.13, y cuya supervisión permitió conocer que la comprobación del gasto carecía de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), números y generadores de volúmenes de obra ejecutada, reporte fotográfico de estimaciones de obra y reportes de supervisión.

Llegó el 31 de diciembre del 2014 y la obra no registró avance alguno pese a que la administración estatal se comprometió a operar el nuevo reclusorio en esa fecha.

Y no hay responsables tanto por el proyecto inconcluso como por un probable mal uso de los recursos públicos.

NO HAY DINERO PARA EL PENAL DE MEDELLÍN: TÉLLEZ MARIÉ

Al cuestionar al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, sobre la construcción del penal, se limitó decir: “El penal de Medellín, no, no hay dinero”.

Por su parte, el alcalde de Medellín de Bravo, Luis Gerardo Pérez Pérez, manifestó que la construcción del penal en la comunidad de Celaya quedó inconclusa, desconociéndose qué ocurrió con recursos que se etiquetaron para los trabajos.

Además, el presidente municipal señaló que la escasa infraestructura que se edificó en los terrenos que se eligieron para construir el penal ya se encuentra deteriorada por el paso del tiempo y la maleza creciente.

El entrevistado consideró que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no concluirá la obra debido a la falta de recursos que enfrenta su administración.

URGE UN PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ: COLEGIO DE ABOGADOS

Los veracruzanos a quienes se haya culpables de la comisión de un delito en los municipios que comprende el décimo séptimo distrito judicial son internados en centros de reinserción social ubicados fuera de esta demarcación debido a la falta de un penal desde hace ocho años.

Esta situación obliga a los familiares de estos internos a trasladarse hasta los ceresos donde se hayan recluidos, trátese de Tuxpan, La Toma en Amatlán de los Reyes, Cosamaloapan o el Duport Ostión de Coatzacoalcos, lo cual implica gastos que impactan en su bolsillo.

Y no sólo gastan en la visita sino que también lo hacen en su defensa legal, lo cual implica el pago de abogados que se trasladan desde la zona conurbada o que contratan en la región donde se halla el penal.

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, indicó que existe una necesidad imperiosa de un cereso en este distrito judicial para cumplir con lo que establece la Constitución en cuanto a que se debe compurgar una pena en el reclusorio más cercano al domicilio de quien ha sido hallado culpable de un delito.

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