29 de Marzo de 2024

Un año de prisión a exfuncionarios

-Se trata del exdirector de periciales y de la exdelegada regional de la policía ministerial

DE LA REDACCIÓN

La juez de control, Mónica Segovia Jácome dictó medidas cautelares de un año de prisión preventiva en contra del exdirector de Servicios Periciales, Gilberto “N” y Carlota “N”, exdelegada regional de la policía ministerial por el delito de desaparición forzada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) integró la carpeta de investigación 80/2017, en la cual señala que ambos exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado durante el gobierno de Javier Duarte, y del Fiscal Luis Ángel Bravo, participaron en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueran localizados en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.

Testigos han señalado este lugar como el punto donde arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La FGE, detalla que el 19 de enero del 2016, fueron hallados ahí 19 personas, sin embargo, los ex funcionarios ahora detenidos, pidieron al personal bajo su mando reportar solo el hallazgo de 6 cuerpos.

Otro de los cuerpos, el del policía David Lara Cruz, se ordenó simular su hallazgo en la localidad de Santa Ana.

El policía despareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa Dependencia.

Sobre los restos de las 12 personas restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos restos fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Cabe destacar que durante la audiencia, los medios de comunicación fueron sacados por la jueza Mónica Segovia, quien preguntó a los ahora imputados si estaban de acuerdo con la presencia de la prensa, a lo que respondieron que no.

Acto seguido, la jueza se dirigió a los siete reporteros y reporteras que ahí se encontraban para pedirles que abandonaran la sala 4 porque es un derecho de los imputados no ser exhibidos en la prensa.