-Pelea política entre alcaldes y gobernadores
DE LA REDACCIÓN
La prestación del servicio público de Tránsito se convirtió en una disputa política entre los gobiernos panistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y el gobernador del estado en turno desde hace más de 17 años.
Así lo demuestran las solicitudes y las controversias constitucionales interpuestas por las autoridades municipales ante la negativa de que se les transfiera la corporación, las declaraciones y los decretos expedidos por gobernadores para asumir el control de la prestación de dicho servicio público en la zona conurbada.
Fueron los exalcaldes José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos y Adrián Ávila Estrada, de Veracruz y Boca del Río, respectivamente, quienes solicitaron la transferencia del servicio de Tránsito al ahora exgobernador Miguel Alemán Velazco el 8 de febrero del 2001, con el argumento que la prestación del mismo lo establece el artículo 115 constitucional.
Sin embargo, el exmandatario estatal se opuso a la transferencia del servicio público, por lo que los ayuntamientos de Veracruz y de Boca del Río interpusieron una controversia constitucional, la cual resultó favorable para ambas autoridades municipales.
Fue el gobernador priista Fidel Herrera Beltrán quien dio muestras de inquietud para que el servicio público regresara a manos del Gobierno del Estado, por lo que a principios de marzo del 2010, ya en la recta final de su mandato, anunció que se realizaría una consulta entre los habitantes de la zona conurbada para que decidieran qué autoridad, la municipal o la estatal, prestase dicho servicio.
En las elecciones locales del 2010, el PRI refrendó la gubernatura con Javier Duarte de Ochoa, retuvo la ciudad de Veracruz con la postulación de Carolina Gudiño Corro y recuperó Boca del Río con Salvador Manzur Díaz.
No obstante, el PAN recuperó la alcaldía de Veracruz en la elección municipal del 2017 con Fernando Yunes Márquez, quien a nueve meses de administración solicitó la transferencia del servicio de Tránsito al Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares.
Según las autoridades municipales, la transferencia del servicio público tiene como finalidad fortalecer a la corporación, aunque otras voces aseguran que se trata de evitar que dicha corporación esté en poder de Cuitláhuac García Jiménez, quien asumirá gubernatura por la coalición Morena-PT-PES a partir del 1 de diciembre.
En el caso de que el Congreso local autorice la solicitud de Yunes Márquez, éste recibiría una corporación disminuida, pues apenas cuenta con 60 agentes operativos, entre patrulleros y oficiales de a pie; 10 peritos; 30 administrativos; 12 patrullas y ocho motopatrullas, por lo que se requeriría una inversión millonaria para el pago de la nómina, la reparación y la modernización de semáforos; señalética y compra de uniformes y unidades en buen estado.
