Agencias
México
La reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador no busca expropiar las empresas privadas ni crear un monopolio estatal, sino establecer una regulación que impida la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evite que el capital privado se apodere del mercado eléctrico nacional, cuyo valor es de 6.4 billones de pesos, equivalentes a 315 mil millones de dólares, destacó Manuel Bartlett Díaz, director general de la empresa.
De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo federal, las firmas privadas tienen garantizado 46 por ciento de la generación, equivalente a 145 mil millones de dólares, expuso.
Si el costo de la inversión de las empresas extranjeras que ya operan en el país es de 44 mil millones de dólares, como afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), suponiendo “sin conceder que ese sea el monto, con 30 por ciento del valor del sistema eléctrico nacional, ellos garantizarían una participación de 46 por ciento. No existe, por tanto, lugar a una situación de expropiación directa o indirecta”.
En entrevista con La Jornada, afirma que más de dos terceras partes de las centrales eléctricas de los privados fueron financiadas por la banca de desarrollo y las Afore, es decir, con los ahorros del pueblo mexicano, y con sólo 4 mil millones de dólares estarán recibiendo un mercado que vale 145 mil millones de dólares, 36 veces más.
El funcionario asegura que el valor de la CFE está por encima del costo del sistema eléctrico nacional, ya que es de electricidad y combustibles, con una tasación de 377 mil millones de dólares.
No resulta razonable, por ello, “que una empresa del pueblo de México, con 84 años de inversiones en el sistema eléctrico nacional y un valor de mercado mayor a este sistema, quede relegada a final del sexenio a menos de 20 por ciento de la generación y se encamine a su desaparición”.
En la entrevista con este diario, Bartlett Díaz expuso las trampas y abusos de la reforma de Enrique Peña Nieto que se busca echar abajo con la iniciativa presidencial que se discute ahora en la Cámara de Diputados. ¿Cómo considerar legítimo un sistema que desaparece una empresa pública que es de todos los mexicanos?, cuestionó.
La reforma de Adolfo López Mateos buscó resolver problemas del desarrollo nacional. No estuvo al margen de lo sucedido en los años 40 en Gran Bretaña o Francia, que ya habían nacionalizado sus industrias eléctricas. ¿La modificación constitucional que ustedes proponen parte de consideraciones ideológicas o de la necesidad de resolver los problema del país y de su sistema eléctrico?
La reforma constitucional que manda el Presidente al Congreso –y que él considera indispensable– obedece, más que nada, a lo que significó la de Peña Nieto, que es contraria a los intereses nacionales. Ideológicamente es nacionalista; es una medida para proteger los intereses nacionales.
“La de Peña Nieto entrega el patrimonio energético a intereses extranjeros, contra los intereses nacionales. Su objetivo es desmantelar el sistema eléctrico, que costó décadas levantar. En la exposición de motivos del presidente López Obrador se señala que se busca frenar los cambios hechos en el sexenio pasado, porque implican el despojo y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado.
“Si se mantiene la reforma peñista, sus consecuencias serán dramáticas: la desaparición de CFE, la empresa más grande del país. Sin electricidad, el desarrollo y la vida social son imposibles. Esa energía es cada vez más importante, incluso más que el petróleo. La reforma de Peña Nieto es un peligro para la nación.”
–¿Qué volumen de generación tienen empresas como Iberdrola, Naturgy y otras extranjeras? ¿Tienen calculado el monto de los subsidios que les entregan?
–Iberdrola tiene 26 plantas eléctricas en el país. Participa en cuatro esquemas: de generación privada, de productores independientes, autoabasto, subasta de largo plazo y centrales nuevas, construidas después de la reforma energética. Tiene dos nuevas y siete de subasta a largo plazo. Entre todas producen 20 por ciento de la energía. Como grupo, es la segunda de generación, después de CFE. El subsidio que recibe por no pagar la transmisión que le corresponde es de cerca de 900 millones de pesos al año.
