REDACCIÓN
MÉXICO
En el ejido Recoveco —un poblado escondido, de unos mil 600 habitantes, del municipio de Mocorito, Sinaloa— Alonso se preparaba para trasladar gasolina de un par de contenedores de plástico a un depósito de combustible subterráneo, cuando fue sorprendido por una patrulla de la Policía Ministerial que realizaba un recorrido por el lugar.
Era un día de febrero de 2015, y este hombre de 32 años, barba rala, escasa cabellera y carnes pegadas a los huesos, iba a verter dos mil litros de hidrocarburo, que habían sido extraídos de forma clandestina de un ducto de PEMEX, a una cisterna sepultada en un lote terregoso.
Alonso no era un vendedor cualquiera, tenía una gasolinera improvisada en el lugar: la operaba a la vista de todos e incluso contaba con máquina despachadora de combustible, contador de litros, manguera y pistola. Y Mocorito tampoco es un municipio cualquiera: ocupa el cuarto lugar con más “ordeñas” del país.
De acuerdo con pobladores de la zona, el litro de combustible en el mercado negro se cotiza entre cinco y ocho pesos, según la urgencia económica de los grupos delictivos que lo venden. El precio representa la mitad o casi la mitad del valor establecido en las gasolineras legales: 13.57 pesos la verde y 14.38 pesos la roja.
