Que sociedad participe en nombramiento del Fiscal

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Que sociedad participe en nombramiento del Fiscal

-Pide el vicecoordinador político del PT en el Senado

AGENCIA

El vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa, afirmó que no sólo se debe eliminar el paso automático de procurador a Fiscal General, sino que debe modificar el nombramiento de este cargo para determinar un procedimiento abierto y transparente, en el que participe toda la sociedad y con ello se anule la designación de un “Fiscal Carnal”.

“En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el PAN siempre ha chantajeado para poner al Fiscal General de la República, y eso pretenden con la propuesta de modificar el pase automático y permitir que la designación provenga del Ejecutivo. Ellos quieren que la propuesta sea la suya, se trataría de una designación transexenal que les garantizaría impunidad por nueve años”, afirmó el senador Barbosa Huerta.

El vicecoordinador político del PT-Morena aseguró que aprobar sólo la reforma al 16 transitorio del Decreto de Reforma Política para evitar el pase automático de Procurador a Fiscal General, como lo acordaron el gobierno y el PAN en la Cámara de Diputados, es una trampa.

Miguel Barbosa Huerta explicó que es necesario reformar no sólo el 16 transitorio referido, sino el propio artículo 102 constitucional para establecer un procedimiento transparente y abierto para la designación del Fiscal General, con garantías de autonomía constitucional a fiscalías especializadas y la aparición de un Instituto de Ciencias Forenses, con iguales condiciones de autonomía.

“Sí importa la historia de quien sea Fiscal General, no debe ser designado quien haya ocupado un cargo público producto de una elección, ni haber sido dirigente partidario o persona vinculada a intereses de esta naturaleza”, indicó.

El senador Miguel Barbosa dijo que a nivel federal, la pretendida designación del primer Fiscal General proviene de un procedimiento tramposo, contenido en el régimen transitorio de la Reforma Política de 2013, que sujeta su instalación a la aprobación de la Ley de la Fiscalía General, es decir, de su ley orgánica y no de un proceso abierto y transparente en el que toda la sociedad participe.

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