AGENCIA
Más muro fronterizo, más agentes para detener y deportar a inmigrantes, más patrulla fronteriza y más jueces de migración están entre las prioridades –a la par que un incremento dramático del gasto militar y una reducción de programas sociales para los pobres– de la nueva propuesta del presupuesto federal presentada el lunes por el presidente Donald Trump.
Estas prioridades son el marco en el que inició otra ronda de negociaciones sobre la política migratoria, esta vez en el Senado, donde, entre otras cosas, podría definirse si habrá o no solución inmediata para los dreamers, cuyo programa de protección contra la deportación quedará anulado en menos de un mes.
Vale subrayar que el presupuesto federal elaborado por el Ejecutivo nunca es lo que se acaba aprobando y más bien es una lista de prioridades de la Casa Blanca –ya que el Congreso determina el gasto federal– pero sus objetivos sobre política migratoria serán parte del contexto del debate que inició en el Senado.
Trump y sus aliados están promoviendo la propuesta que la Casa Blanca presentó al Congreso hace un par de semanas, en la cual a cambio de la legalización condicional hasta de 1.8 millones de dreamers, se exige la aprobación del muro fronterizo, acelerar el arresto y deportación de inmigrantes y un desmantelamiento del actual sistema de migración familiar y de otorgamiento de visas para reducir la inmigración legal, sobre todo de países del tercer mundo.
El debate en el Senado comenzó sin una propuesta central y por tanto nadie sabe qué rumbo tomará, si es que logra avanzar. Por ahora, hay pugnas entre diversos grupos de senadores, algunos plantean la propuesta de Trump y otros buscan una solución limitada a resolver sólo la estancia de los dreamers, jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad y que estaban protegidos temporalmente por el programa ejecutivo impulsado por Barack Obama conocido como DACA, el cual fue cancelado por su sucesor.
La pugna se da tanto dentro del Congreso como entre agrupaciones encabezadas, por un lado, por organizaciones de dreamers y sus aliados, defensores de derechos de los inmigrantes, algunos sindicatos e iglesias y sectores del empresariado; y por otro, grupos conservadores que son clave para movilizar a las bases antimigrantes que ayudaron a elegir al presidente, junto con ultraderechistas e incluso fascistas, que se oponen a lo que llaman una amnistía para “ilegales”.
