AGENCIA
La comisión especial de debates del Instituto Nacional Electoral presentó formalmente los criterios específicos para los debates presidenciales, en el cual se contempla que de los 3 ejercicios obligatorios que estableció el organismo solamente dos de ellos deberán ser transmitidos obligatoriamente por los concesionarios de radio y televisión.
Ante la demanda de varios representantes partidistas que durante la sesión de la comisión consideraron que el INE haga obligatorios la difusión de los 3 debates, el presidente de la Comisión, Benito Nacif señaló que la legislación sólo estipula ese carácter para dos debates.
Mencionó que para esta elección fue el INE el que propuso sean 3, pero ello implica que buscar la transmisión de todos ellos se daría solo mediante la búsqueda de un acuerdo con los concesionarios.
Sin embargo, adelantó que las negociaciones con la Secretaría de Gobernación a fin de que estaciones de radio y televisión públicas asumirían el compromiso de transmitir los 3 debates. Ante Las peticiones del PAN, PRD, PRI y PT de que se garantice la difusión de todos los debates, Nacif señaló que la idea del INE es realizar gestiones para la más amplia difusión de todos los debates.
Y es que en el centro de la discusión destacaba que sería el primer debate el que no habría obligación de difundirlo, el cual se realizará el 22 de abril en la ciudad de México, sería el primero de los 3 y en donde se debatiría sobre democracia, seguridad, violencia y corrupción. Ante la importancia del primer debate, destacaron varios de los representantes, es que el INE debería hacer su difusión obligatoria.
Por otro lado, ante el anuncio de la Cámara de la Industria de la Radio y la televisión de que impugnarán la prohibición de realizar debates en el periodo de intercampaña, el consejero Benito Nacif reconoció que si hay algo que amerita una revisión del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación es este tema sobre la actividad en las intercampañas porque “una democracia necesita debatir”.
Reconoció que es un periodo donde hay mucha ambigüedad en la ley y el término de “actos anticipados de campaña” tiene un problema de tipicidad en el cual es necesario que el TEPJF establezca criterios claros para determinar qué es lo que esta prohibido y acotar el alcance.
