AGENCIA
El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el intento de militarizar la seguridad pública y la procuración de justicia con la creación de la Guardia Nacional; y alertó que la reciente convocatoria del gobierno federal para el reclutamiento de quienes conformarán esa corporación y el anunció en el Congreso de la Unión para realizar un periodo extraordinario de sesiones en estos días para aprobar la reforma constitucional que daría paso a la Guardia "intentan construir una narrativa de decisión tomada que atenta directamente contra la independencia del poder legislativo".
Las 300 organizaciones y personas que conforman este colectivo llamaron al Congreso a cumplir con las audiencias y debates con expertos, académicos, representantes de la sociedad civil, entre otros, en torno a este tema, y que esto no se convierta en una simulación.
Recordaron que hace más de un año, el colectivo, organismos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia, especialistas en temas de seguridad y ciudadanos preocupados por las consecuencias de la estrategia contra el crimen organizado de los últimos años pelearon contra la Ley de Seguridad Interior, logrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara inconstitucional.
En un posicionamiento público, este lunes el colectivo #SeguridadSinGuerra advirtió que se ha constatado "la falta de argumentos y el desprecio a la evidencia que en el debate público han mostrado quienes defendieron la Guardia Nacional el pasado mes de diciembre".
Recordó en ese sentido que 16 personas, entre ellas el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, comparecieron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, posicionándose en contra del proyecto de militarización. Sin embargo, el dictamen votado y aprobado por dicha comisión borró cualquier consideración o evidencia mostradas por quienes acudieron".
Los miembros del colectivo subrayaron que las presiones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en los legisladores "impusieron un proceso de simulación que derivó en la incorporación de reservas al dictamen original, que de ninguna forma resuelven los problemas del proyecto de reforma constitucional.
