AGENCIA
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez afirmó en el Senado que expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas, no solo al ámbito de la seguridad pública, sino al económico, al concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, al margen de cualquier consideración o fundamento legal “para que asuman tareas de desarrollos inmobiliarios, constructores de obras públicas, exploten y beneficien de las actividades aeroportuarias del país, así como para adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherentes a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”.
El ombudsman nacional resaltó al participar en el segundo día de las audiencias públicas en materia de Guardia Nacional y derechos humanos que “si se les concede poder económico se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que en la práctica, nuestras fuerzas armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”.
González Pérez insistió que la Guardia Nacional “representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos con una visión coyuntural y de corto plazo”.
El presidente de la CNDH subrayó que la iniciativa no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma. En su concepción actual detalló “la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad solo puede implicar disuasión o contención con efectos limitados y de corto plazo. Si no abordamos temas como la operación y autonomía de la Fiscalías Generales poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad”.
González Pérez subrayó ante los senadores: “La propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable. Genera el riego de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionaliad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir”.
