AGENCIA
Los tres exconsejeros catalanes que comparecieron en el histórico juicio del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas que llevaron a cabo la declaración unilateral de independencia del 2017 arremetieron de nuevo contra la justicia española, en concreto contra el Tribunal Constitucional, al que negaron “legitimidad” y situaron en el centro del conflicto.
Para añadir más tensión y polémica en un gesto poco habitual, el Rey de España, Felipe VI, arremetió durante un discurso contra la hoja de ruta planteada por el independentismo catalán en el que no se respeta el marco legal español.
En la Sala Segunda del Tribunal Supremo se sentaron en el banquillo de los acusados tres ex consejeros más del gobierno de la Generalitat de Cataluña cuando se llevó a cabo el proceso de separación de España del 2017, entonces presidido por Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde noviembre de ese mismo año. En esta ocasión fueron interrogados el ex consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, la ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, y la ex consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás, que están acusados de los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que otros nueve líderes separatistas.
Los tres comparecientes decidieron sí responder a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, con lo que no siguieron la misma estrategia que dos de sus compañeros de causa, también procesados, que se negaron a contestar a los cuestionamientos de los profesionales de la justicia, que fueron el exvicepresidente Oriol Junqueras, y el ex consejero de Asuntos Exterior, Räul Romeva, que justificaron su postura a que se consideran “presos políticos” y a que el juicio en su contra es una “farsa” y “una causa general”.
En el caso de Rull, que cumplió ayer un año de haber ingreso en prisión provisional, arremetió contra el Tribunal Constitucional, al que acusó de “no tener legitimidad moral” por haberse dejado “instrumentalizar por el gobierno”. “El Constitucional tiene un déficit de autoridad moral. Es mi convicción y es una convicción compartida por personas relevantes en el mundo jurídico, político y con cierta autoridad moral”, aseguró ante la Sala el ex consejero, que además defendió la decisión del gobierno al que pertenecía de llevar a cabo el referendo de secesión del 1 de octubre del 2017. “El dilema es imperio de la ley y principio democrático. Nosotros ponderábanos siempre los dos elementos”, con lo que argumentó que la declaración unilateral de independencia “fue una declaración política y esto tiene mucho contenido. Y así se mantiene el equilibrio entre no dar a esa declaración un rango de norma -lo que facilitaría la condena- y no presentarla como algo retórico -lo que pondría en cuestión todo el proceso”.
