AGENCIA
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, informó al Senado que en 2018 esta comisión, que se encarga de erradicar privilegios e incentiva la concurrencia en los mercados, aplicó sanciones por 781 millones de pesos cuando nuestro presupuesto para ese año fue de 600 millones.
Informó que diversas empresas fueron sancionadas por competencias desleales, entre ellas cinco que se coludieron para vender sondas y guantes de latex al sector salud; siete empresas de traslado de valores también fueron sancionadas por coludirse, lo mismo con empresas de distribución de medicamentos como fueron Nadro y Marzam, entre otras.
La funcionaria fue convocada ante la Comisión de Economía del Senado para que explicara la concentración de Disney y Fox, así como la denuncia que interpuso el poder Ejecutivo contra ella por un artículo publicado en medios.
La titular de la Cofece fue cuestionada sobre la adjudicación directa de licitaciones como fue el caso de las pipas que se compraron en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y se le requirió su opinión sobre las comisiones bancarias.
Palacios refirió en el caso de la adquisición de pipas, “ya habíamos comentado que la licitación pública es el procedimiento más favorable a la libre competencia que es el cómo el Estado mexicano brinda mejores oportunidades de precio y calidad”.
Abundo que la Ley de Adquisiciones tiene diversas excepciones, una de ellas, detalló, tiene que ver con seguridad nacional. “No tengo aquí los documentos de compra de las pipas. No sé a qué causal de excepción llevaron esa compra. Este no es un tema que le compete a Cofece, sino a a Secretaría de
Función Pública, no soy la autoridad competente”.
Sin embargo, destacó que la Ley de Adquisiciones “es muy amplia y todos debemos procurar que la adjudicación directa sea la excepción y no la norma”. Aunque a veces hay temas de seguridad nacional, de protección de datos y en ocasiones temas de privacidad, es cierto, que en algunos casos la excepción es necesaria, “pero hay que acotar esas excepciones para que cuando el Estado mexicano haga adjudicación directa sea porque así tiene que ser y no porque sea más cómodo o fácil”.
