La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización experta en temas de desaparición de migrantes.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permita que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) obligue a las autoridades a hacer públicas las investigaciones donde se considere que hubo graves violaciones a los derechos humanos.
Ayer jueves la SCJN resolvió los amparos 661/2014 y 453/2015, referentes al derecho a la verdad sobre los casos de las masacres de San Fernando y Cadereyta, y dictó que el Inai está facultado para determinar si una investigación se refiere a violaciones graves de derechos humanos.
De esta forma, el Instituto Nacional podría pedir a las autoridades hacer pública cualquier indagatoria que se haya considerado como reservada.
"Con estas sentencias, la SCJN envía un mensaje claro a la ahora FGR de que no se seguirá aceptando la secrecía en violaciones graves a derechos humanos. En este sentido, ambas sentencias fortalecen el derecho que tenemos como sociedad a la verdad, a la información y al escrutinio público de las autoridades encargadas de las investigaciones, así como de las posibles autoridades y actores implicados en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos", señaló la Fundación para la Justicia.
Sin embargo, la ONG también llamó a que la SCJN aclare cuánto tiempo llevará acceder a los casos donde hubo violaciones graves a los derechos humanos, pues recordó que las solicitudes de información que pedían acceder a los casos de San Fernando y Cadereyta se realizaron hace siete años.
Hace nueve años, en San Fernando Tamaulipas, ocurrió la desaparición y asesinato de 73 migrantes a manos de presuntos miembros del crimen organizado. Asimismo, dos años después fueron encontrados los restos de 49 migrantes en Cadereyta, Nuevo León.
