AGENCIAS
SANTIAGO
El pinochetista Víctor Pérez, jefe de gabinete y ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, renunció al cargo inmediatamente después que la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en su contra que lo suspendía en el acto de sus funciones.
Una vez aprobada en la Cámara, y para que surtiera el efecto de destituirlo formalmente, la acusación debía a continuación votarse en el Senado, probablemente la semana próxima, a lo cual el ahora ex ministro dijo no estar disponible por el daño que se le ocasiona al gobierno.
"Hemos sido testigos de un debate que estaba absolutamente resuelto hace días u horas, era imposible convencer a nadie, nadie se escuchaba, por lo tanto aquí hay una decisión política de causarle agravio y daño al gobierno, más allá de mi persona. Acabo de hablar con el Presidente de la República y le hice llegar mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, porque no estoy dispuesto que a través de mi persona se dañe al gobierno. A pesar de que intento persuadirme aceptó mis argumentos", anunció el ex funcionario.
"Para mí es imposible aceptar que el Presidente esté seis, siete u ocho días sin Ministro del Interior, el gobierno no puede estar sin Ministro del Interior y por tanto he tomado la decisión de renunciar", agregó.
La acusación constitucional, que sumó 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, apuntaba a responsabilizar políticamente a Pérez por la pérdida del control del orden público que caracteriza a la administración de Piñera, reflejada por ejemplo en la permisividad con que toleró que los dueños de camiones bloquearan cruciales carreteras durante un paro realizado en agosto pasado; o bien en la falta de control jerárquico sobre las actuaciones de Carabineros, que en la represión de las protestas sociales han cometido flagrantes abusos de poder y violaciones constatadas a los derechos humanos.
Pérez, que se desempeñó apenas 95 días, es el tercer ministro del Interior de la administración Piñera que cae y el primero en ser destituido constitucionalmente mientras ostentaba esa posición.
Pérez, que fue funcionario y alcalde designado durante la dictadura de Augusto Pinochet, es un declarado partidario de duras políticas de orden público y suele referirse al conflicto del pueblo Mapuche con el estado chileno como "acciones terroristas" cometidas por "violentistas".
La renuncia no detiene la discusión en el Senado, donde de llegar a aprobarse la destitución Pérez sería sancionado con cinco años impedido de ejercer cargos públicos.
