-Sistema Anticorrupción
Por Julio César Vega Olivares
El lunes pasado, en Palacio Nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, afirmando que con esto se consolida un cambio de paradigma en el combate a la corrupción. Parece un buen comienzo y la Ley es perfectible. La experiencia nos enseña que ninguna reforma legal por sí sola es capaz de resolver una problemática, sobre todo una tan arraigada, y requiere necesariamente de otros factores como voluntad política y seleccionar adecuadamente a la o las personas comprometidas con este proyecto; pero antes de hacer juicios de valor, hay que esperar a ver cómo salimos el próximo año en la clasificación de transparencia internacional y su índice de percepción de la corrupción, ya con este nuevo sistema anticorrupción, aunque hay que esperar a que “cuaje”, como dicen, así que no adelantemos vísperas. Y mientras, en el índice de percepción de la corrupción global seguimos ocupando el lugar 95 de 167 países, con 3.5 de calificación; si hacemos una escala del uno al 10, donde 10 es la más alta; la mejor y la más baja fue de 0.8 en Somalia, y nuestro país está, como dicen, reprobadísimo. Bueno, si hacemos tramos entre cero y tres de calificación, en ese tramo hay 52 países, y entre más de tres y menos de cuatro hay 45 países, y con cuatro y hasta menos de seis de calificación hay 36 países; con calificación de seis o más hay 35, es decir, el 21 por ciento del total, y con ocho o más, lo que sería una calificación satisfactoria, hay sólo 12 países, lo cual representa un porcentaje del 7.2 por ciento del total; es decir, el 92.8 por ciento de todos los demás países revisados es corrupto en algún grado no satisfactorio, eso incluye a los Estados Unidos y a varios países desarrollados. En grado de impunidad, ni hablar. En el Índice Global de la Impunidad que publica la Universidad de Puebla, para el año 2015 ocupábamos el segundo lugar de 59 países seleccionados, sólo después de Filipinas, lo que significa que la impunidad en México es la segunda más alta a nivel global; es decir, somos el segundo país con mayor impunidad del mundo. Aunque este índice lo realiza un panista distinguido de apellido Derbez, parece certero el asunto; a ver si nuestra calificación internacional sobre este tema también mejora.
Para quienes no estén familiarizados con el término, la impunidad es que puedas delinquir y no te agarren, o que si te agarran no te hagan nada, así de fácil.
Pero un asunto multicitado de la lucha anticorrupción y que debió incorporarse al sistema no fue subsanado por los legisladores, quienes parecen de legislación distraída, aunque esto aún puede realizarse si hubiera voluntad política. Regresaron la Ley 3 de 3 por cuestiones menos graves que esto, la razón, combatir este cáncer social eficientemente, tal como lo definió el Presidente Enrique Peña Nieto, pues en este caso específico, uno de los elementos centrales e indispensables que aseguren su eficacia es que él Sistema Anticorrupción no esté supeditado ni subordinado, ni orgánicamente, ni en la práctica, precisamente de quienes deben investigar.
Esto, a fin de evitar impunidades; por ejemplo, si el Fiscal Anticorrupción depende del Fiscal General, entonces, ¿quién investiga al Fiscal General?, y así sucesivamente en las líneas superiores de mando, pues el Fiscal Anticorrupción debe investigar precisamente al Gobierno del que forma parte, lo cual parece algo que así está y no ha dado resultados.
Es decir, un Sistema Anticorrupción que se respete debe estar blindado contra cualquiera de los poderes de la República y depender de una estructura propia dirigida por un consejo ciudadano externo sin ningún nexo con el Gobierno y los partidos políticos, y mientras no se cumpla con esta condición, es muy difícil que funcione.
La Fiscalía Anticorrupción debe estar permanentemente bajo el escrutinio público de un organismo que vigile su actuación y la obligue a actuar con honestidad y de acuerdo a derecho, sino resulta algo inútil o simplemente será un arma contra los enemigos políticos.
La preocupación parece justificarse cuando el Comité Coordinador Anticorrupción también está formado por instituciones gubernamentales, porque la lógica obliga a pensar necesariamente que para que la lucha contra la corrupción sea eficaz, se mantenga una separación real entre la Fiscalía Anticorrupción y la estructura de Gobierno.
Y lo mismo sucede en Veracruz, vemos ahora que los diputados locales veracruzanos se quejan del próximo gobernador, cuya bandera es precisamente la lucha contra la corrupción; en lugar de darle su apoyo para impulsar el proyecto del Presidente Peña Nieto, se oponen, será porque ven venir el fin de sus privilegios y se curan en salud, y publican un desplegado en los periódicos dirigido precisamente al Presidente de la República, donde aterrorizados dicen: “Sr. Presidente, Secretario de Gobernación, hacemos un llamado de alerta ante el riesgo de un Gobierno autoritario”, cuando se olvidan que fue el propio Presidente Peña Nieto, en defensa de los veracruzanos, quien les inicia un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por ellos.
Pues como el que nada debe nada teme, y como la crítica y la autocrítica ahora se valen, siguiendo la recomendación del nuevo Presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, y de que se quiere un PRI renovado y sin corrupción, nos preguntamos, ¿qué les dará más miedo a los diputados locales, que los investiguen, o la pérdida de sus privilegios y del maiceo?
