Por Francisco Garfias
En el entorno de Josefina Vázquez Mota nos aseguran que si la elección del candidato a gobernador del PAN en el Estado de México fuese mañana, la exabanderada presidencial del azul no competiría. ¿Sus razones?
No hay unidad en el panismo mexiquense. Sin Ulises Ramírez como aliado, no hay posibilidad de triunfo. Y no está con ella.
Rafael Moreno Valle, cuya presencia en el Estado de México es fuerte, tampoco la respalda.
La alianza con el PRD está en veremos. La influencia del antialiancista Héctor Bautista, líder de la corriente ADN, es grande en el Estado de México. De todos es sabido que el hombre, amarillo por fuera, rojo por dentro, está más cerca del PRI mexiquense.
Josefina tiene muy clara una cosa. No quiere verse en el espejo del 2012. Sola, abandonada por su partido y sus líderes. “Ésos son sus motivos. No es un asunto de mezquindad”, nos dicen.
Con todo, sigue en pláticas con Ricardo Anaya sobre la posibilidad de postularse.
-Ricardo Anaya no salió tan raspado de las críticas y ataques que recibió por sus famosos viajes a Atlanta para ver a su familia en esa ciudad de Estados Unidos.
Tampoco de la polémica que sostuvo con 32 distinguidos panistas que le exigen defina ya si buscará o no la candidatura presidencial en el 2018.
Ni siquiera del encontronazo con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, su potencial rival en la interna, quien ayer denunció que no hay “piso parejo” entre los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN.
Es lo que se desprende de la encuesta publicada ayer por el periódico Reforma. Anaya sólo perdió un punto de junio a noviembre. Paso de 44 por ciento de las preferencias entre panistas a 43 por ciento.
Margarita Zavala perdió dos puntos en el mismo periodo. Del 41 por ciento al 39 por ciento.
Moreno Valle es el único que avanza. Ganó tres puntos de junio para acá. Pasó de 15 por ciento a 18 por ciento. No lo pierda de vista.
-Hay que aplaudir la postura de la oposición de no aprobar en fast track la Fiscalía Anticorrupción, como ahora pretenden el PRI y sus aliados del PVEM, otrora los más resistentes a que se diera el paso.
-Estos dos partidos quieren sacar al fiscal antes de que culmine el actual periodo de sesiones, el 15 de diciembre próximo.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, sospecha que los tricolores y sus incondicionales del Verde ya tienen un candidato a modo que quieren impulsar.
“Ésta (urgencia) parece salida de la generación espontánea. Veo una clara instrucción de Los Pinos hacia el PRI y su extensión en el Senado, que es el Partido Verde.
“Lo que puedo desprender es que ya hay una instrucción de con quién irían ellos: hombre o mujer…”, señaló.
-El PAN está en la misma sintonía del PRD: no aprobar la Fiscalía Anticorrupción en este periodo de sesiones.
Fernando Herrera, coordinador de la bancada azul en el Senado, advirtió que no cederán a las presiones del PRI y que procederán con seriedad a la elección del fiscal anticorrupción.
Azules y amarillos quieren consultar a las organizaciones de la sociedad civil antes de elegir al primer fiscal anticorrupción.
Hay consenso entre la oposición de que si no se revisan las serias limitaciones en su diseño constitucional y legal, la fiscalía no tendrá las herramientas para realizar su tarea
Los riesgos de aprobar sin cambios el diseño de la citada fiscalía los sintetiza, claramente, César Alejandro Chávez Flores, exvisitador general de la PGR y uno de los 32 aspirantes a ocupar el cargo, en un documento que entregó en mano propia a este reportero.
El fiscal anticorrupción puede ser nombrado y removido “libremente” por el procurador general de la República o, en su caso, el fiscal general. No necesita causa justificada para correrlo.
Aunque es cierto que el Senado puede objetar el nombramiento y la remoción, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
De aprobarse como está el diseño, sería una Fiscalía anticorrupción “transitoria”. Su primer titular permanecerá en el cargo sólo hasta el 30 de noviembre del 2018.
La fiscalía anticorrupción operará con las normas de competencia y los recursos materiales y humanos de la cuestionada Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
En otras palabras, arrastra consigo los vicios de la citada Unidad, que se han traducido en resultados ínfimos y complicidades inaceptables.
Esta Unidad, futura Fiscalía Anticorrupción, tiene alrededor de 35 agentes del Ministerio Público y aproximadamente mil averiguaciones previas o carpetas de investigación.
Pero en los últimos siete años sólo ha obtenido 70 autos de formal prisión (10 al año). Ninguna de esas causas penales es por enriquecimiento ilícito. Sólo tres por cohecho, como puntualiza el documento de César Chávez.
