Asociaciones espurias
Por Julio Cesar Vega Olivares
En el marco persecutorio de la asociación espuria entre la delincuencia organizada y el poder político, en el cual se ubican varios exgobernadores mexicanos, finalmente fue capturado en Florencia Italia uno de ellos, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó Tamaulipas de 1999 al 2005 después de Manuel Cavazos Lerma y quien fue prófugo desde el año 2012.
En 1991 fue diputado y se dice que, en 1993 durante su campaña a la presidencia municipal de Matamoros, recibía cuantiosas contribuciones del cartel del golfo, al igual que para su campaña política a la gubernatura, en donde recibió millones de dólares.
La captura fue ejecutada por la Interpol y autoridades italianas, la Procuraduría mexicana se monta en ancas diciendo gracias a ellos, pero las autoridades italianas manifiestan que fue Estados Unidos y no México quien solicitó su detención, además de que fue gracias a la información suministrada por ese país que se logró su ubicación, por lo que no se sabe si lo repatriarán o irá directamente a EE.UU.
Recordemos que, fue después de ser acusado por un testigo protegido de la DEA, que un gran jurado de Browsnville, Texas, acusó a Tomás Yarrington de haber recibido sobornos del cartel del golfo y de los zetas, esto durante su mandato como gobernador de Tamaulipas, con la finalidad de darles protección y permitir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos así como impunidad de acción; ante esto, se le mantienen cuatro causas penales en su contra, así como la fiscalización de varias propiedades en ese país en poder de prestanombres, aunque eso parece sólo la punta del iceberg, pues se dice posee otras propiedades y cuentas bancarias por cientos de millones de dólares.
Yarrington también ha sido involucrado en el asesinato del excandidato priista al gobierno de Tamaulipas en 2010, Rodolfo Torre Cantú, y se asegura que después de dejar la gubernatura entre 2007 y 2009, operó en el tráfico de cocaína precisamente desde el Puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos, es decir, utilizaba a Veracruz como paso seguro en el denominado corredor de drogas de los del Golfo, quienes eran sus cómplices en nuestro Estado y le daban esas facilidades, además le garantizaban el no ser molestado por la Policía…bueno pronto se puede saber a lo mejor por algún exgobernador.
En 2012, el PRI lo expulsó de su partido luego de que considerara que vulneró los estatutos y su código de ética, ante ello, la PGR ofrecía 15 millones de pesos por su cabeza. En México, los delitos que se le fincan son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con todo esto, Tamaulipas tiene mal fario con otro exgobernador, puesto que también tiene orden de aprehensión Eugenio Hernández Flores, quien es acusado de lavado de dinero y crimen organizado. Paralelo a éste, ahora quien se pide sea investigado es el saliente exgobernador Egidio Torre Cantú por lavado de dinero, crimen organizado, secuestros, cientos de desaparecidos y porque dejó una deuda multimillonaria en el Estado igual que todos, además dicen que tiene una casita humilde de 15 millones de dólares, aunque parece que, para el actual Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, no hay corrupción en Tamaulipas.
En México parece que nadie se da cuenta de los delitos de los servidores públicos de todos los niveles, y sólo cuando en el extranjero revisan los casos y aparecen las investigaciones y los señalamientos, es que en México se apresuran a investigar simplemente para no verse mal.
Dos golpes electorales consecutivos desde afuera, el del fiscal Veytia de Nayarit y ahora éste, actos que afectan sin duda al sistema político mexicano y particularmente al del PRI, puesto que ponen de manifiesto algo muy serio: la enorme corrupción de los gobernadores ante su poder absoluto para actuar.
Es muy claro que lo que hay que hacer es investigar a todos los gobernadores de oficio, igual a los directores de empresas productivas del Estado y a las asociaciones público-privadas, nidos de corrupción y servidores públicos que manejen dineros o bienes de la entidad.
Como señala Shaila Rosagel, que solamente de los ocho gobernadores actualmente acusados de corrupción, si se suman las deudas que contrajeron a nombre de sus estados, éstas incrementaron el endeudamiento existente en 186 mil 535 millones de pesos, situación que parece una constante en este tipo de conductas que se manifiestan en el aumento desmedido de la deuda en sus territorios gobernados.
México no está haciendo nada para verificar la conducta de sus gobernadores, tiene que ser un país extranjero quien denuncie para que se actúe, vemos en nuestro Veracruz que a Javier Duarte no lo encuentran, parece que ocasionar daños patrimoniales por miles de millones de pesos no parece algo relevante.
