Por Raymundo Jiménez
PGR: Delegado bajo sospecha
Desde finales de julio corría la versión de que estaba por llegar a Veracruz un General que podría sustituir a Jaime Téllez Marie en la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
En efecto, el militar de alto rango llegó pero no para relevar a Téllez Marie, quien para el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sigue siendo inamovible en la SSP, sino para sustituir a Daniel García Leal en la Delegación estatal de la Procuraduría General de la República, un nombramiento que el mandatario panista debió haber vetado ante la Federación porque el nuevo representante de la PGR en la entidad no goza de buenos antecedentes.
Yunes pudo haberlo hecho en la reunión de este domingo del Grupo de Coordinación Veracruz, en la que el maestro Gilberto Higuera Bernal, titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo les informó que el nuevo delegado de la PGR sería el abogado y general Ernesto García Guerrero, quien ya ocupó este mismo cargo en la Ciudad de México, Nuevo León y Sonora, estados de donde salió en medio de escándalos de narcotráfico.
Sin embargo, el caso más reciente en el que fue implicado el general García Guerrero data de hace apenas cinco años, cuando en febrero de 2012 fue cesado en Nuevo León como titular de la Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria –cargo que había asumido a principios de diciembre de 2010 en la administración del gobernador priista Rodrigo Medina– luego de la fuga de 30 reos del Centro de Readaptación Social de Apodaca, todos identificados como Zetas, y tras la riña entre internos de este grupo criminal con los del Cártel del Golfo que dejó 44 muertos, entre ellos Mario Humberto Ramírez Calderón, un preso de 19 años de edad cuyos padres le habían pedido por escrito desde siete meses antes al encargado de los reclusorios estatales que trasladaran a su hijo al penal de Cadereyta porque su vida peligraba.
Según relató el señor Arturo Ramírez a la revista Proceso después del fatal desenlace en el reclusorio de Apodaca, el 29 de julio de 2011 solicitó que trasladaran a su hijo al penal de Cadereyta porque estaba en riesgo. Dijo que le envió una carta a Ernesto García Guerrero, entonces comisario general de Administración Penitenciaria, en la que le decía que quería el cambio “por motivo de soborno y golpes que me le dan. (…) Tiene mucho miedo mi hijo, ya que el día que estamos con él todo parece bien, y nomás nos vamos retirando del penal lo golpean y le preguntan todo, si habló mal del penal. Por favor, ayúdenos con el traslado”.
Y es que, según le había comentado su hijo, en el penal de Apodaca las llaves de las celdas y los accesos eran controladas por los malos, quienes en cada puerta tomaban apuntes de quién entraba y salía. El comandante en el interior era otro reo designado por los líderes de los presos, y en los locutorios no había privacidad.
¿Por qué la PGR envía como delegado a un cuestionado personaje como éste a Veracruz, entidad asediada por el crimen organizado y cuyo gobierno estatal está coincidentemente en manos de exfuncionarios federales que en enero de 2001 –al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, cuando García Guerrero era candidateado para asumir una Subprocuraduría al lado del procurador foxista Rafael Macedo de la Concha, también militar– quedaron bajo sospecha de la primera fuga del capo sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco?
HÉCTOR YUNES, SOLIDARIO
Este sábado 12, el senador priista Héctor Yunes Landa se dedicó a recorrer las zonas afectadas por el paso del huracán “Franklin”, a cuyos habitantes afectados les aseguró que serán apoyados por el Gobierno Federal, y a los productores de plátano y maíz les recordó que contarán con el beneficio del seguro catastrófico a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El legislador dijo que prefirió quedarse ese día en el estado de Veracruz que asistir a la clausura de la XXII Asamblea Nacional del PRI, ya que remarcó que su partido es de causas y que lo prioritario era atender a las familias afectadas. Además refirió que el haber presidido la Comisión de Protección Civil en el Senado de la República “me hizo más sensible a estos casos y me permite servir de mejor manera a los afectados. Sé cómo gestionar esos apoyos.”
Durante el recorrido por las zonas afectadas del municipio de San Rafael y acompañado por el delegado federal de la Sagarpa, Octavio Legarreta Guerrero, el senador veracruzano añadió que también supervisarán el estado que guardan las carreteras afectadas por el huracán.
Acompañado por el alcalde electo de San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín, el senador Yunes Landa detalló que en el caso de los productores de plátano recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos por hectárea totalmente destruidas, mientras que a los de maíz se les pagará mil 500 pesos, montos que reconoció no serán suficientes pero que en algo contribuirá para resarcir las pérdidas.
El legislador nativo de Soledad de Doblado comentó que la experiencia que acumuló durante los cuatro años que presidió la Comisión de Protección Civil del Senado de la República “me obliga de manera natural a apoyar a los ciudadanos en desgracia”.
