Para prevenir delitos
Por Alejandro Hope
No hay candidato que no hable de atender las causas estructurales de la violencia y el delito. No habrá plataforma que no incluya algún inciso sobre prevención social del delito. Y puesto que, por estos días, los partidos y candidatos están (supuestamente) desarrollando sus propuestas, les dejo por aquí algunos apuntes para pensar el problema:
1. No hay una relación directa y automática entre desarrollo socioeconómico e incidencia delictiva. Un estado como Yucatán es a la vez muy pobre y muy seguro. Una localidad como Ciudad Juárez tuvo tasas de crecimiento casi asiáticas durante dos décadas y acabó en una crisis de seguridad de proporciones mayúsculas.
2. Una porción mayúscula de los delitos es obra de una fracción minúscula de la población. Es posible que no más de 120 mil personas sean responsables en cualquier momento dado de 80% de los delitos que se cometen en el país. Y aún si esta estimación estuviese equivocada por un orden de magnitud, estaríamos hablando de una minoría de una minoría.
3. La gigantesca mayoría de los pobres, los ninis, los marginados y los desempleados no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata, reciban o no un apoyo o una beca del gobierno.
4. Los programas sociales de corte general no son muy buenos para prevenir delitos, porque le llegan en su mayoría a personas que de cualquier modo no violarían la ley. Tal vez se justifiquen por otros motivos: porque reducen la desigualdad o mejoran el desempeño educativo o tienen impactos positivos en materia de salud. Pero no hay que empaquetarlos como prevención del delito.
5. Los programas de prevención que tienden a funcionar son los que van dirigidos a poblaciones muy específicas de infractores actuales o potenciales. Por ejemplo, los programas de reinserción de reos.
6. A menudo, lo que funciona lo hace por razones bastante obvias. Por ejemplo, las escuelas de tiempo completo (particularmente las secundarias y preparatorias) tienen efectos positivos porque mantienen bajo supervisión adulta a adolescentes durante más horas del día.
7. No es fácil determinar qué funciona en materia de prevención del delito. Es muy probable acabar despilfarrando dinero. En consecuencia, es mejor empezar en pequeño, con intervenciones de escala modesta que puedan crecer con el tiempo, a medida en que se acumule la evidencia de efectos positivos.
8. Hay que seguir a la evidencia. Eso significa someter a los programas y proyectos a evaluación continua y externa. Y si algo no sirve, hay que tener el valor de cancelarlo.
9. Hay que entender las limitaciones de una política de prevención del delito. Lo que funciona tiene a menudo efectos en poblaciones muy específicas y el impacto solo se alcanza a ver en el mediano y largo plazo.
10. Hay muchas intervenciones sociales para las cuales existe alguna evidencia de efectividad para prevenir delitos. Cualquier propuesta seria en materia de seguridad debe incorporar algunas. Pero no sustituyen la acción de las instituciones de seguridad y justicia. No hay que aventarle a la política social lo que le corresponde a la policía o a los tribunales.
Corolario: bienvenida sea una ambiciosa política de prevención. Pero no le pidan milagros, ni asuman que los problemas de seguridad se resuelven a golpes de presupuesto social.
