Desafuero de doble filo
Por Ángel Álvaro Peña
El fuero que los diputados tenían para no ser encarcelados por sus ideas contrarias al régimen imperante, terminó por volverse un escudo para que los funcionarios públicos alcanzaran la impunidad luego de que cometieran delitos relacionados con la corrupción, desde sus cargos públicos.
El fuero, de ser una protección a la integridad de los líderes sociales se volvió un estorbo para la justicia y una mancha para la legalidad.
En Veracruz el claro ejemplo de los cómplices de Javier Duarte exige la desaparición del fuero, porque fue el puente a través del cual los delincuentes de cuello blanco alcanzan una libertad que no merecen.
En el fuero están implicados diferentes actores políticos y no es responsabilidad solo de quien lo ejerce. Ahí están quienes los escogen para que libren sus culpas fuera de la cárcel.
A lo largo de la historia de México hay muchos hombres y mujeres que adoptaron el fuero como un refugio que impedía a la justicia actuar, de tal suerte que su desaparición se convirtió en un reclamo social.
Ahora, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para eliminar el fuero de los altos funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República.
Y ese énfasis que ponen en el Presidente de la República tiene que ver con el próximo Presidente, porque una vez que la aprobación de la desaparición del fuero en la Cámara de Diputados llegue al Senado, tardará unos meses, para que la promulgación coincida con la existencia de Presidente electo.
Es decir, como ninguna ley es retroactiva, no podrá tocar a los actuales legisladores o a cualquier otro personaje con cargo de elección popular.
La desaparición del fuero fue aprobada por 370 votos, de 500 diputados en funciones. Dicho proyecto afecta ocho artículos de la Constitución Política y ahora se espera la ratificación del Senado de la República, en su caso, deberá ser también aprobado por al menos 17 de las 32 legislaturas locales.
La enmienda constitucional cancela la inmunidad procesal del Presidente de la República, así como de secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores, ministros y magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales.
Los altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno podrían ser procesados penalmente bajo los principios, derechos y garantías procesales previstos por la propia Constitución Política para cualquier mexicano.
Pero una determinación como la desaparición del fuero no solo tiene la intención de hacer justicia sino de hacer vulnerables a quienes ocuparán su lugar en un futuro.
El rumor de que el PRI no ganará ni la Presidencia de la República, ni la mayoría en las cámaras, prevén para hacer de esta condición una manera de hacer frágil en el futuro lo que ahora es sólido. Estamos hablando de repetir aquel hecho sucedido a principios del presente siglo, contra Andrés Manuel López Obrador, en 2004, cuando se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador.
Ahora sin fuero podría ser más más fácil armar un juicio contra el mismo personaje. En aquel entonces la idea surgió en la secretaría de Gobernación, cuyo titular era Santiago Creel Miranda, actual asesor de Ricardo Anaya en su campaña en busca del voto. La mano ejecutora fue la del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y promovida con una publicidad muy parecida a la de la Coca Cola, por el propio presidente Vicente Fox.
Ya se demostró el manejo electoral de la PGR luego de que fue difundido un video de Ricardo Anaya y su equipo cuando visitaron las instalaciones de la procuraduría para aclarar una acusación que todavía no se comprueba sobre lavado de dinero.
El fuero es un factor político, pero también legal, penal, de orden jurídico y de sentido común. El fuero se utilizó de manera facciosa y seguramente el desafuero será utilizado también de manera parcial, no puede ser de otra manera, ante la prisa mostrada por su debate y aprobación.
Llama mucho la atención la vigencia que le dieron a esta propuesta de Meade, porque hay cientos de iniciativas de ley que están congeladas en ambas cámaras que exigen de mayor imparcialidad en la justicia y no son discutidas, mucho menos aprobadas.
En este momento el PRI sacrificaría a muchos de sus militantes, como Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso, Vicente Benítez, Tarek Abdalá, entre otros que fungen como diputados federales y locales propuestos por mayoría relativa por el tricolor para asegurar que seguirían gozando de fuero para no ser investigados a pesar de que los medios de información responsabilizan a varios de ellos de actos de corrupción, incluso antes de que llegaran a la administración del exgobernador Javier darte, quien se encuentra detenido por varios delitos.
Javier Duarte, a pesar de que era el gobernador debió actuar en complicidad con varios funcionarios públicos, muchos de ellos convertidos en respetables legisladores en lugar de vestir un uniforme a rayas y estar tras las rejas como su ex jefe.
Pero este fuero tiene doble filo, y los ejemplos de cómo se configura un golpe de Estado contra los enemigos políticos de la ultraderecha pueden advertirse en Brasil con la expresidenta Dilma Rousseff, lo que acaban de hacer con Inácio Lula da Silva. El proceso que se le lleva a cabo contra Cristina Krishner; Fernando Lugo en Paraguay, en 2012, en un juicio exprés que no dejaba duda sobre su amañado proceso.
Ahora, los tres niveles de gobierno deberán no solo actuar con honestidad, que es, en apariencia, el objetivo de quitarle el fuero a los funcionarios públicos, sino prevenir y evitar que con la inexistencia del fuero quieran armar un delito artificial para quitar de en medio al enemigo político de las fuerzas conservadoras de México.
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