Luis Ramírez Baqueiro
El tema de la nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), así como la situación financiera por la que atraviesa genera como todo en la entidad polémica cuando se trata del manejo de los dineros públicos.
El Gobierno de Javier Duarte ha expresado su compromiso con los trabajadores del Estado, amén de garantizar la estabilidad financiera del organismo, que dígase lo que se diga atraviesa la peor de todas sus crisis.
Este reportero recientemente tuvo acceso a los resultados analizados por la Moody's Corporation identificada en el mercado accionario de Nueva York con la siguiente clave (NYSE: MCO) la cual es la sociedad matriz de Moody's Investors Service, una agencia de calificación de riesgo que realiza la investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales.
La empresa, también califica la solvencia de los prestatarios mediante una escala de calificaciones estandarizadas. La compañía tiene una participación del 40 por ciento en el mercado mundial de calificación crediticia, su principal rival es Standard & Poor's.
Pero ¿Qué es Moody’s?
Moody's fue fundada en 1909 por John Moody, los principales propietarios institucionales de Moody's incluyen la compañía de Warren Buffett Berkshire Hathaway, y Davis Selected Advisers.
Según Moody’s la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, es un factor crediticio positivo, esto ayudaría al Estado a mitigar la exposición presupuestaria del Estado ante los crecientes costos asociados con los grandes pasivos no fondeados, lo que concederá solvencia de largo plazo para el sistema de pensiones.
La realidad es que con dicha medida el Gobierno Estatal, pretende reducir los pagos directos de pensiones que realiza Veracruz, a partir del ejercicio fiscal de 2015.
El propio Duarte ha reconocido que existe un déficit presupuestal (pasivos no fondeados) por 2 mil 470 millones de pesos para el pago directo de pensiones a jubilados.
La Administración Estatal debe pagar 5 mil 230 millones de pesos o 5.8% de su presupuesto para obligaciones de pensiones, es relevante apuntar que de las obligaciones de pensiones 3.1% son contribuciones patronales normales y 2.7% son pagos de beneficios directos.
El problema consecuentemente, no es menor, el documento de Moody’s confirma que los pasivos de pensiones no fondeados del Estado exceden 172 por ciento de los ingresos totales, destaca el hecho de que la mediana de pasivos de pensiones para estados mexicanos, es igual a 104 por ciento de los ingresos totales.
Las Reformas de Veracruz, incluyen varios componentes clave, tales como mayores contribuciones patronales y de los trabajadores. Las tasas de contribución de pensiones tanto del estado como de los empleados, incrementarán gradualmente para los empleados contratados antes de 2007.
Las contribuciones de los empleados incrementarán a 12 por ciento de la nómina de un 11 por ciento anterior, las contribuciones patronales incrementarán a 20 por ciento de la nómina de un 15 por ciento anterior.
Con respecto al resto de los empleados, las contribuciones totales equivaldrán automáticamente a 32 por ciento de sus salarios de 2015, del cual 12 por ciento será pagado por los empleados y 20 por ciento por el Estado. Además, la edad mínima de retiro incrementará a 65 de 60 y el mínimo de años de servicio requerido. Incrementa a 30 de 15 para todos los nuevos empleados estatales.
Con respecto a los empleados contratados antes de noviembre de 2007, la única condición que no cambió será la edad mínima de retiro de 53.
Y la pregunta flota en el aire ¿dónde está el fondo técnico del IPE?
Al tiempo.
La nota hoy…
Presentó Cuauhtémoc Pola, iniciativa que permite el matrimonio igualitario en Veracruz.
Durante la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones, realizada este 31 de julio, el Legislador local señaló que el Poder Judicial de la Federación declaró inconstitucional el artículo setenta y cinco del Código Civil de nuestra Entidad, por contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio, al permitir que sólo lo contraigan las parejas heterosexuales que tienen la finalidad de procrear.
Asimismo, Pola Estrada aseveró que las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.
En su discurso, el Diputado por Movimiento Ciudadano les dijo a sus homólogos que “ya no existe pretexto para no otorgar la protección que otros Estados han dado a sus habitantes, no existen excusas para que Veracruz siga quedando atrasado en un tema que no se basa en tradiciones, ni arraigo cultural, la presente iniciativa se basa en constitucionalidad y legalidad”
