- • Victoria Bonilla Nava, del Ejido San Pedro, Tlapacoyan, viola la Ley Agraria al otorgar posesión de una parcela que se encuentra en demanda por sucesión intestamentaria
Redacción
Tlapacoyan
Ejerciendo un total abuso de poder, la presidenta del Comisariado Ejidal del Ejido San Pedro Tlapacoyan, Victoria Bonilla Nava, violentó la Ley Agraria y burló al Tribunal Unitario Agrario, al otorgar posesión “de buena fe” de una parcela ejidal de dicho poblado a una persona afín a ella, pese a que dicha parcela se encuentra en una demanda por sucesión intestamentaria promovida ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 31, bajo el expediente 641/2021; hecho que dio a saber a través de una “Notificación Ejidal” que hizo llegar al demandante de dicha sucesión.
Y es que abusando de su envestidura como autoridad ejidal, Victoria Bonilla, creó un documento donde asegura que se le otorgó posesión de la parcela a otra persona diferente a quien actualmente trabaja y tiene la posesión de la misma, afirmando que para ello se realizó una asamblea el pasado 19 de noviembre, en la que se llegó al acuerdo de dicha acción, y lo certifica con el sello de la casa ejidal, pese a que el pasado viernes 19 de noviembre del 2021 no se convocó ni se realizó ninguna asamblea en la que estuvieran presentes los ejidatarios del poblado en mención, ya que desde hace meses, por cuestiones de la pandemia, no se han sostenido asambleas ejidales.
Es de mencionar que dicho documento no cuenta con la firma del resto de los integrantes del Consejo de Vigilancia o de la Asamblea, sólo de la Comisariada Ejidal, más si está plasmado el sello de la casa ejidal, certificando con ello una información por demás falsa, toda vez que ni en este año, ni en años anteriores ha tenido lugar dicha asamblea. No obstante, ha intentado convencer a los ejidatarios que respalden dicha información, visitándolos en su propio domicilio y “pidiéndoles” que firmen la supuesta acta de la supuesta asamblea, en aras de privar de sus derechos a quien actualmente trabaja dicha parcela, sin tomar en cuenta que está incurriendo en un delito que sería castigado no por la Ley Agraria si no por la vía Penal.
Y es que si bien, de acuerdo a la Ley Agraria, en el Artículo 21 se señala como órganos de los ejidos a la Asamblea, a el Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia, en el artículo 23 de la misma Ley se señala también que no se le otorga facultad alguna a la Asamblea y de acuerdo al Artículo 33 tampoco se le otorga facultades al Comisariado Ejidal para intervenir en la sucesión de los derechos parcelarios de ningún posesionario, por lo tanto carecen de la facultad jurídica para otorgar posesión de una parcela a cualquier parte interesada.
Es de precisar que de acuerdo al Artículo 18 de la Ley Agraria, sólo los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, y serán los competentes para conocer de Controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales y dictaminar sobre ello.
Cabe agregar que a decir de los involucrados, desde el inicio de dicha demanda por sucesión intestamentaria, Bonilla Nava fue informada de dicha acción, al mostrarle personalmente el documento promovido ante el Tribunal Agrario, e incluso el pasado 1 de diciembre, un actuario del Tribunal Unitario Agrario se presentó a la casa ejidal y a su domicilio particular a notificarle de dicho juicio y sin embargo se negó a recibirlo, pese a la investidura que dicho funcionario representa y que parte de sus obligaciones como Presidenta del Comisariado Ejidal es atender este tipo de situaciones, de manera imparcial.
Por tal situación, las partes involucradas solicitan a la Magistrada de dicho Tribunal, Licenciada María Eugenia Camacho Aranda, así como a la Procuraduría Agraria para que intervengan ante tal situación y exhorten a la Presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro, Tlapacoyan, Veracruz, Victoria Bonilla Nava, se abstenga de exceder las funciones que le permite el cargo que actualmente ostenta y principalmente evite hacer uso indebido del sello oficial para información apócrifa, ya que tal acción vuelve cuestionables cada uno de los documentos que ha certificado con dicho sello.
