Sorprende la credibilidad que algunos comentócratas, periodistas y opositores le han dado al testimonio de Sanjuana Martínez, quien la semana pasada acusó de un presunto moche del 20% de las liquidaciones de Notimex que le habría solicitado a ella el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para la campaña de Claudia Sheinbaum.
En su afán por manchar a la 4T como sea, esas voces han replicado y dado crédito a la versión de la exdirectora de la agencia mexicana de noticias —y principal responsable de su extinción—, cuando es de sobra conocido que se trata de una persona con un largo historial de mentiras y difamación.
El testimonio de Martínez —publicado en La Jornada en dos partes— no sólo deja entrever la irracionalidad de su proceder, sino también su profunda molestia frente a los montos de las liquidaciones que se han entregado en estos días, por no beneficiarla a ella y a su gente como hubieran querido.
Además, su versión de lo ocurrido en Notimex durante estos años exhibe un absoluto desinterés y desconocimiento del derecho laboral. En la realidad paralela que habita Sanjuana, la Secretaría del Trabajo no debió darle la toma de nota a Adriana Urrea, la líder sindical electa por los trabajadores luego de la salida de Conrado García, pese a que ello hubiera implicado una violación abierta a la libertad sindical.
Según he podido reconstruir, desde un principio Sanjuana empezó a tomar decisiones erráticas en el sindicato, como el negarse a otorgar incrementos salariales a los trabajadores, incluso el que la Secretaría de Hacienda determinó para 2019, y de forma unilateral dejó de cumplir con cláusulas que estaban expresamente detalladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Poco tiempo después, en su guerra para “extirpar la corrupción de Notimex”, Martínez decidió despedir de forma injustificada a una serie de trabajadores, empleando mecanismos de muy dudosa legalidad. Cuando altos funcionarios del gobierno le hicieron saber el tipo de irregularidades en que incurría, Sanjuana los desoyó y prefirió continuar en su obcecada ruta, como quien persigue una misión divina.
Evidentemente, este tipo de conductas llevaron a un emplazamiento a huelga. Y aunque la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró su existencia, Sanjuana decidió seguir operando en una sede alterna con un grupo de trabajadores de confianza. Cualquiera que haya hecho un curso de derecho laboral a nivel preparatoria, sabe que huelga significa suspensión de labores. En el mundo paralelo de Sanjuana, sin embargo, no parece ser así.
En cualquier caso, Sanjuana solo aceptó acatar la huelga meses después, obligada por su propia Junta de Gobierno, aunque —en otra acción indebida— ella y 64 trabajadores continuaron cobrando.
Finalmente, a inicios de 2023, después de un infructuoso periodo en el que se trató de conciliar en mesas en Gobernación a las que Sanjuana hizo el vacío, el presidente decidió extinguir Notimex (error: la decisión más acertada debió haber sido extinguir a su directora, no acabar con la agencia).
En el decreto en el que se deroga la ley de creación de Notimex se establece claramente que el personal sería liquidado conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y, para el caso del personal sindicalizado, se haría un pago integral conforme al Contrato Colectivo.
En la realidad paralela de Sanjuana, los montos de las liquidaciones han sido discrecionales y políticamente orientados. Sin embargo, las autoridades no tenían mayor margen que cumplir con lo establecido en la legislación y el contrato vigente, lo que evidentemente incluye dar a los trabajadores —que no cobraron durante estos años— sus salarios caídos.
En ese proceso, Sanjuana recurrió a las cuentas alegres propias de su mente fantasiosa para solicitar una cantidad muy superior a la que le correspondía a ella y a su grupo de confianza, pese a que a ellos no les tocaba recibir salarios caídos. Debe haberle molestado que ni a ella ni a su grupo les tocó la suma solicitada.
De ahí surge entonces la acusación de Sanjuana de que, en el proceso de liquidación de la agencia, el actual secretario del Trabajo le condicionó el pago de la liquidación de los trabajadores a la entrega de un 20% a la campaña de Claudia Sheinbaum.
De ese malestar viene también, probablemente, la afirmación de que Arturo Alcalde (padre de la exsecretaria del Trabajo y hoy titular de la Segob) asesoraba legalmente al sindicato de Notimex, cuando esto es falso según la representación de los abogados que se acredita en los propios expedientes y conforme lo declaró a esta columna el propio Alcalde.
Evidentemente, los actos de corrupción no se registran en notarías, como asegura Sanjuana, pero tampoco pueden ser tomados en serio cuando son lanzados por gente sin credibilidad.
