La propuesta legislativa, turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes para su estudio y dictamen, considera que la niña, el niño o adolescente es víctima de maltrato o abuso cuando se le cause de manera intencional daño físico, mental, sexual y emocional, así como toda forma de castigo corporal u otras formas crueles o degradantes.
Además, se crearía el capítulo I Bis, denominado Maltrato Infantil, que estipula imponer de tres a siete años de prisión y multas de hasta 500 días de salario mínimo a quien por acción, omisión o trato negligente prive a un o una menor de sus derechos y bienestar, causando deterioro a su integridad física y psicológica.
La pena aumentaría hasta en una mitad –expuso el Legislador–, si el maltratador tiene una relación de guarda, custodia, protección, educación o cuidado del menor, si se utiliza la fuerza física, ocasionando una alteración a su salud, si el maltrato implica castigos corporales o si el que cometa este ilícito tiene relación de amistad o confianza con la víctima.
Al exponer su iniciativa, Velázquez Flores dijo que los menores son el sector más vulnerable de la sociedad, ya que por su condición de edad, desarrollo cognitivo, afectivo, capacidad de discernimiento y hasta por características físicas, se posicionan en un estado victimizable.
Además –abundó–, el maltrato infantil produce estrés, baja autoestima, depresión y, en casos extremos, altera el desarrollo del sistema nervioso e inmunológico, lo que deriva en problemas conductuales, físicos y mentales en la edad adulta.
La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato, concluyó el representante popular.
