El nuevo marco legal permite la participación de capital privado en servicios que presta el Gobierno
Para proyectos de asociación y por más de un ejercicio fiscal, deberán tener autorización del Congreso
REDACCIÓN
Xalapa
El Congreso de Veracruz aprobó por mayoría la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado, que permite la participación de capital privado en la prestación de servicios públicos, para mayor certeza jurídica.
Este ordenamiento legal, dictaminado por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, establece los lineamientos a seguir sobre la participación de la iniciativa privada en el desarrollo y operación de infraestructura en la entidad.
La Ley, propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, quedó aprobada con 29 votos a favor, 15 en contra y dos en abstención, indica que se podrá aplicar el capital privado en las obras y servicios prestados por el Gobierno, como la construcción y operación de carreteras y puentes.
Así también, en sistemas de transporte masivo y de agua potable y saneamiento, y en la construcción y administración de puertos y aeropuertos e infraestructura para generar energía eléctrica o desarrollo urbano.
También permite que cualquier empresa o profesionista proponga proyectos de infraestructura con participación de capital privado y sin estar sujeto a las condiciones impuestas por la legislación en materia de obra pública, que regule el gasto gubernamental aplicado a las obras.
Se incorpora la figura del Tercero Especializado, es decir, la persona física o moral que cuente con el reconocimiento de la dependencia, entidad o municipio, dedicada a la revisión y dictaminación de una propuesta de proyecto.
El nuevo ordenamiento, que consta de once títulos, 138 artículos más dos transitorios, estipula que para autorizar proyectos de asociación público-privada, la dependencia, entidad o municipio deberá integrar el expediente técnico que demuestre su viabilidad.
Este instrumento contendrá la descripción del proyecto y su viabilidad técnica, ya sea para crear infraestructura, prestar servicios o ambos; el dictamen emitido por el Tercero Especializado; los inmuebles, bienes y derechos necesarios para dicho proyecto; viabilidad jurídica; impacto ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico; las estimaciones de inversión y aportaciones de quienes participen, entre otros.
La Ley contempla que, en el caso de proyectos que requieran subvención para la asociación público-privada con recursos públicos por más de un ejercicio fiscal, deberán contar con autorización del Congreso del Estado. Pero –se añade–, si prescinde de recursos públicos, no es necesaria la autorización del Poder Legislativo.
Previo al análisis y discusión de este tema, el Pleno votó y posteriormente desechó la moción suspensiva del Diputado Julen Rementería dePuerto, quien dijo no oponerse al dictamen, pues cualquier obra es “bienvenida”, pero solicitó regresarlo a la Comisión respectiva, para su mayor estudio.
En los posicionamientos, los Diputados Cuauhtémoc Pola Estrada, del Movimiento Ciudadano (MC), y Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), coincidieron en emitir su voto en contra, por considerar que la Ley requiere mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El Legislador de Nueva Alianza, Eduardo Sánchez Macías, habló del voto aprobatorio de su bancada, pues se incentivará el desarrollo de infraestructura y se generará empleos.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el Diputado Julen Rementería argumentó su voto en contra, con la petición de que este ordenamiento legal contenga más controles de transparencia y auspicie la rendición de cuentas.
En nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Diputada Mariela Tovar Lorenzo anticipó el voto aprobatorio a este dictamen, pues permite a empresas y profesionistas participar en el desarrollo de obras y en la prestación de servicios en el Gobierno, lo que alienta un crecimiento óptimo y sólido.
Con esta Legislación –agregó Tovar Lorenzo–, Veracruz se pone a la vanguardia con un marco legal regulatorio que establece derechos y obligaciones de los participantes en obras y servicios públicos.
Una vez aprobada en lo general, se reservaron para su discusión en lo particular los artículos 16, 21, 23, 35, 100 y 119 de esta Ley, e hicieron uso de la Tribuna los Diputados Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Jorge Vera Hernández, Domingo Bahena Corbalá, Édgar Hugo Fernández Bernal y Julen Rementería del Puerto, cuyos argumentos se desecharon por mayoría y el dictamen se avaló en sus términos.
