Los delitos de alto impacto van a la baja y se cumplieron más de 4 mil 700 mandamientos judiciales, destaca Marcela Aguilera Landeta, Presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura del Estado
REDACCIÓN
Xalapa
En Veracruz los delitos de alto impacto van a la baja, con más de 4 mil 700 mandamientos judiciales cumplidos, hay avances muy importantes en la Procuración de Justicia, afirmó la Presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura del Estado, Diputada Marcela Aguilera Landeta, al término de la comparecencia del titular del ramo en la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras.
La Legisladora reconoció la solvencia del funcionario, de lo que representantes de los diferentes grupos parlamentarios dejaron constancia: Con nueve meses en el cargo –dijo– ha logrado cambios de fondo muy importantes en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), como superar el rezago de las investigaciones ministeriales, en los cumplimientos judiciales, y los resultados en el combate al secuestro.
Para Mónica Robles Barajas, Secretaria de esa Comisión, esta comparecencia –con motivo de la Glosa del IV Informe de Labores del Gobernador Javier Duarte de Ochoa– fue un ejercicio transparente y oportuno, pues el Procurador mostró sensibilidad y conocimiento de los temas.
La Diputada Octavia Ortega Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió cifras de desaparecidos en Veracruz y otros relacionados con este tipo de delitos. Bravo Contreras precisó que de 2006 a 2014, la PGJ ha recibido 2 mil 55 denuncias por desaparición de personas, se localizó con vida a mil 361, se registraron 126 decesos y se busca a 568.
Respecto de los secuestros, el Procurador detalló que de enero a octubre de 2014 han investigado 131 casos, detuvieron a 201 personas vinculadas y desmembraron 32 bandas. De 143 personas plagiadas, 102 fueron liberadas, 27 permanecen como desaparecidas y 14 fallecieron.
En respuesta al Legislador Édgar Hugo Fernández Bernal, del Partido Acción Nacional (PAN), el funcionario confirmó la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Fortín de las Flores, acusado de un desvío millonario. Respecto del nuevo Sistema de Justicia Penal, reconoció un escenario complejo, pues en Veracruz hay dos sistemas vigentes. Como las Leyes están en proceso de armonización, confió en que el nuevo sistema se aplique pronto en todo el Estado.
Destacó los resultados de la Agencia Antisecuestros en Córdoba, con la desintegración de una banda de más de 25 delincuentes, responsables de 21 secuestros y 16 homicidios, que operaba en Yanga, Cuitláhuac, Orizaba y el Estado de Puebla. La matriz de esta Agencia se encuentra en Xalapa y están por abrir sedes en Coatzacoalcos y Tuxpan o Poza Rica.
La Legisladora Mónica Robles Barajas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), preguntó sobre violencia contra mujeres y otros delitos de género. El Procurador precisó que de 37 investigaciones iniciadas, 22 están en trámite y 15 resueltas. Muchas se solucionaron en cuestión de horas, lo que refleja la voluntad para enfrentar la causa.
Sobre la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, se comprometió a proceder contra quien deba y exonerar a quien no tenga responsabilidad, aunque lo señale la parte que acusa, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). Aclaró que en este momento, por secrecía, no se puede dar más información ni establecer plazos fatales.
En el caso del homicidio del ex director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Papantla, Armando Gutiérrez Arroyo, el Procurador informó al Diputado Eduardo Sánchez Macías, del Partido Nueva Alianza (Panal), la acción penal ejercida contra los dos autores materiales y la liberación del autor intelectual por un Juez Federal, el recurso de revisión interpuesto y ganado por la PGJ, y la orden de aprehensión vigente, para que enfrente el proceso.
El Diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (PRD-MC), pidió aclarar y ampliar la información sobre el caso de la periodista María Josefina Gamboa Torales. Bravo Contreras, precisó que el expediente está en poder del Tribunal Superior de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso: “La PGJ será respetuosa del fallo que se emita”.
Luis Ángel Bravo aseguró que la nueva Procuraduría trabaja al máximo para generar confianza ciudadana, modificar las cifras y que cuando un veracruzano llegue al Ministerio Público confíe en que resolverán su asunto. Ahora –agregó– hay funcionarios comprometidos y mandos con perfil adecuado, pues la Procuraduría no puede ser agencia de colocaciones.
Por su parte, el Diputado Eduardo Sánchez Macías, del Panal, preguntó cómo se atiende a personas indígenas que necesitan traductores durante un juicio. El funcionario recordó que existen convenios con todas las instituciones, para lograr una defensa adecuada con el apoyo de Peritos o intérpretes.
En relación con el presupuesto asignado a la dependencia, el Diputado Francisco Garrido Sánchez, de AVE, preguntó qué puede esperarse de la Procuraduría, si para 2015 se autorizó un aumento de más de 30 millones de pesos. Bravo Contreras, consideró que para este tema, no hay dinero que alcance.
TERCERA RONDA
A la Diputada Ana Cristina Ledezma López, del PAN, le dijo que las investigaciones ministeriales por desaparición forzada de personas, particularmente en las que se presuma la participación de elementos policiacos, llevan su curso normal y se respeta su secrecía. Además, se dictaminaron 65 de 164 expedientes relativos a casos de tortura.
El Diputado Heber Alan Carballo Salazar, del PRI, solicitó que la Procuraduría del Estado ponga atención a los casos de secuestro en la zona de Misantla y puso como ejemplo a los hermanos Pérez Cabrera, quienes perdieron la vida cuando intentaron plagiarlos. El funcionario reconoció su obligación de iniciar las investigaciones pertinentes y dar resultados.
Luego de los comentarios del Diputado Antonino Baxzi Mata, del PRI, Luis Ángel Bravo señaló que el robo es el delito con mayor incidencia, con 16 mil 685 casos, y se trabaja para abatir los índices de rezago en las investigaciones ministeriales.
También dio a conocer las cifras de los otros seis delitos con mayor incidencia: homicidio, 988 casos; despojo, mil 27; coacción y amenazas, 2 mil 448; fraude, 2 mil 532; daños, 3 mil 976, y lesiones, 5 mil 369 casos.
A los cuestionamientos de Julen Rementería del Puerto, del PAN, respondió que todo servidor público que sepa de algún ilícito cometido en su dependencia debe denunciarlo ante el Ministerio Público, pues la omisión también se castiga. Además, explicó al Diputado Gustavo Gudiño Corro, del PRI, que sólo se ofrecen recompensas cuando la naturaleza del caso lo requiere, y mediante un comité buscará crear un fondo para estas compensaciones.
