- Por desaparición forzada, en el 2015
Agencias
Xalapa
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Marina Armada de México por la desaparición forzada de un taxista, ocurrida en el marco del operativo “Blindaje Coatzacoalcos” en 2015, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El organismo nacional determinó que hubo pruebas suficientes para acreditar la participación de seis elementos de la Marina, así como del entonces coordinador general de la SEMAR en Coatzacoalcos, en la desaparición forzada del taxista.
La desaparición ocurrió el 25 de septiembre de 2015 tras ser detenido en un retén integrado por elementos de la Policía Naval, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal en las inmediaciones de la colonia Lomas de Barrillas en Coatzacoalcos.
El conductor de la unidad iba con tres pasajeros más cuando les marcaron el alto en dos ocasiones y no se detuvieron; finalmente fueron interceptados frente al Instituto Tecnológico y varios testigos vieron que al ser bajados de la unidad sus ocupantes fueron encañonados por los elementos.
Tras la detención, no se supo sobre el paradero ni del taxista ni de sus acompañantes y tras interponerse la denuncia los presuntos involucrados en este caso negaron tener conocimiento sobre esta intervención.
La CNDH señaló que el teléfono celular de la víctima fue utilizado con dos números de IMEI en fecha 26 de septiembre de 2015, cuando ya se encontraba en calidad de desaparecido.
Es así que la CNDH emitió la recomendación 233/2022 al titular de la Secretaría de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, por violación al derecho humano a la libertad, consecuencia de la desaparición forzada.
Además, ordenó colaborar con la autoridad ministerial, a fin de que con base en los nuevos elementos se continúe con la investigación y determinar la situación jurídica del entonces coordinador general de la Policía Intermunicipal y encargado del operativo Blindaje Coatzacoalcos de la SEMAR.
Además, la realización de un reconocimiento de responsabilidad de la SEMAR por las violaciones a derechos humanos acreditadas en la presente Recomendación, y en un término de seis meses a partir de la aceptación de la recomendación, deberá realizar una disculpa institucional por un alto mando de la SEMAR a los familiares de la víctima.
