Los tiempos electorales son cruciales para definir el curso político y social de un país, ya que los resultados influyen en la estructura de gobierno, la aplicación de políticas públicas y la orientación ideológica de la nación. En este sentido, en México y en toda América Latina, se ha observado un constante esfuerzo por salvaguardar la transparencia y equidad en estos procesos mediante la implementación de reformas electorales.
Estas reformas, más allá de ser una práctica local, son un reflejo de una tendencia más amplia en la región. Países como Brasil, Argentina y Colombia también han realizado ajustes significativos en sus sistemas electorales para garantizar una mayor representatividad, participación ciudadana y evitar prácticas corruptas o desequilibrios de poder.
En México, uno de los mayores desafíos históricos fue el manejo de la información durante las campañas electorales. La concentración de los medios de comunicación en manos de pocos grupos empresariales generaba preocupación por la imparcialidad y objetividad en la difusión de noticias y propaganda política. Esta situación llevó al Estado a intervenir en la distribución equitativa de los espacios publicitarios, intentando igualar el acceso a la difusión de mensajes políticos y evitar la manipulación mediática en favor de ciertos partidos o candidatos.
Además de regular la distribución de los espacios, se establecieron normativas para controlar el contenido de los anuncios, evitando la difusión de desinformación o ataques personales entre candidatos, una práctica conocida como "guerra sucia". Sin embargo, estas medidas fueron objeto de controversia, ya que algunos sectores argumentaban que limitaban la libertad de expresión y podrían ser utilizadas como herramientas de censura. Sin embargo desde que se aprobaron han parecido resultar de utilidad para la ciudadanía demostrando una competencia más pareja, que ha permitido tener una pluralidad de partidos en el gobierno.
En la actualidad y considerando el trasfondo de estas reformas también se encuentra el desafío de incorporar avances tecnológicos y adaptarse a la era digital, donde las redes sociales y plataformas en línea han cobrado una relevancia significativa en la difusión de información durante las campañas electorales. La regulación de estos medios y la prevención de la desinformación en línea se han convertido en nuevos retos para garantizar elecciones justas y transparentes.
Respecto de las cuales el espacio regulatorio también debe de incidir para acabar con prácticas nocivas como ocurrió en el pasado con los medios tradicionales de difusión.
