- Para cubrir pagos a extrabajadores o contratistas, gobiernos locales intentan vender terrenos, estadios e incluso escuelas
AGENCIAS
MÈXICO
Ante su insolvencia financiera, autoridades municipales echan mano de terrenos e inmuebles del ayuntamiento para enfrentar diversos adeudos.
En junio pasado, el gobierno de Toluca solicitó al Congreso mexiquense separar un predio del patrimonio municipal para pagar 18.9 millones de pesos que desde hace 14 años le debe a una empresa que amplió una unidad deportiva. La medida no prosperó y los diputados pidieron al ayuntamiento indagar a funcionarios y a la constructora ante posibles irregularidades.
Además, los laudos laborales aumentan el lastre financiero de los municipios. En Veracruz, 174 demarcaciones acumulan mil 837 de estos recursos de trabajadores que demandan indemnizaciones por despido injustificado. Los ayuntamientos tratan de vender bienes para obtener dinero y salir del apuro, sin embargo, sus peticiones no han prosperado en el Congreso local.
En Ayometla, Tlaxcala, el año pasado, autoridades judiciales ordenaron vender predios para cubrir indemnizaciones a exempleados.
MUNICIPIOS ECHAN MANO DE PATRIMONIO PARA PAGAR DEUDAS
La insolvencia financiera de municipios del país ha orillado a sus autoridades a intentar vender predios e inmuebles propiedad del ayuntamiento para cubrir deudas a proveedores, contratistas y extrabajadores.
Ante la crisis de endeudamiento que viven, cabildos de demarcaciones en estados como Colima, Veracruz y Estado de México han intentado desincorporar terrenos municipales —en los que incluso hay construcciones como escuelas o estadios— y rematarlos para hacerse de recursos.
Por ejemplo, en 2023, el ayuntamiento de Toluca solicitó al Congreso mexiquense separar un predio del patrimonio municipal para cubrir una deuda contraída desde 2010 por la construcción de una unidad deportiva.
En Ayometla, Tlaxcala, el año pasado, autoridades judiciales ordenaron la venta de predios para cubrir indemnizaciones a exempleados.
Mientras que en abril de 2022, el ayuntamiento de Colima desincorporó diez predios para comercializarlos y, así, liquidar una deuda de 52 millones de pesos. Sin embargo, 10 meses después, los terrenos no se habían vendido, por lo que reincorporó nueve de ellos y uno más lo donó para cubrir un adeudo con el Instituto de Pensiones para Servidores Públicos del Estado (Ipecol).
