La Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura refirió que, para promover la cultura de la legalidad y la paz social, la actual Administración Estatal implementa mecanismos basados en una política educativa orientada a la prevención del delito y a la reintegración de los infractores a la vida social, evitando la repetición de conductas que con el tiempo se conviertan en conflictos mayores.
Recordó que a partir de esta iniciativa se crearía los Centros de Mediación Escolar para el Estado y se asume explícitamente la orientación de la reforma a los artículos 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto derechos de víctimas y ofendidos, y pretende su adecuación a los más altos postulados de la Carta Magna, así como a los principios y garantías previstas en los tratados internacionales suscritos por México.
El modelo garantista –explicó– toma como eje rector el principio del interés superior de los niños y adolescentes, mismo que se traduce en la necesidad de crear un sistema de medios alternos de solución de controversias, basado en el derecho de mínima intervención, es decir, que el Estado no opere como vigilante, sino como garante de que las partes puedan llegar a un acuerdo y salir beneficiadas.
Esto puede lograrse gracias a que el sistema de medios alternos es confidencial, autocompositivo, voluntario, flexible, creativo, cooperativo, rápido, económico, informal, imparcial, neutral, y defiende los intereses de los menores, entre otros aspectos.
Por ello consideró necesario que, con base en el respeto a los derechos fundamentales, se realice “una reforma a los medios posibles para resolver estos casos, convertirlo en modelo nacional y adaptarlo al nuevo sistema acusatorio establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
