A las mexicanas y mexicanos: La Cámara de Diputados hace unos días votó por consenso reformas a la ley con el objetivo de disponer que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) establecerá y operará un sistema de financiamiento que permita obtener crédito barato y suficiente, que promueva la inclusión financiera con perspectiva de género. Asimismo, establece que sus actividades se realizarán dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano con perspectiva de género, que promueva la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Dichas disposiciones otorgan a las mujeres trabajadoras la posibilidad de obtener un crédito de vivienda a través del Infonavit, lo que implica un decidido impulso a su inclusión financiera, lo que, más temprano que tarde, resultará en beneficio de su desarrollo y una mejor calidad de vida. El hecho de que una mujer cuente con vivienda adecuada propia contribuye a eliminar las muchas desigualdades existentes y, por ende, a su empoderamiento.
Las reformas votadas subsanan las disparidades crediticias, ya que, de acuerdo con diversos estudios, las mujeres son sujetas de crédito a mayor edad que los hombres y por montos menores; no obstante que ellas tienen un mejor cumplimiento en el pago de sus deudas.
Las diferencias en el otorgamiento de créditos en razón de género son evidencia clara de la discriminación de las que son objeto las mujeres, lo cual ha obstaculizado su independencia y prosperidad económica.
La problemática referida alcanza magnitudes enormes cuando reflexionamos sobre la brecha de participación laboral, ya que 33.26 por ciento de los hombres trabaja de manera formal en contrastaste con 25.38 por ciento de las mujeres. Es decir, ellas al trabajar mayoritariamente en la informalidad tienen menos posibilidades de recibir un crédito de vivienda, pues no gozan de las correspondientes prestaciones de ley y quienes sí pueden acceder a uno lo hacen en condiciones de desventaja.
Si, además, a lo anterior agregamos que las mujeres ganan sueldos menores a los de los hombres, su situación se vuelve aún mucho más crítica y sus posibilidades de crecimiento se ven limitadas por una gran cantidad de obstáculos que permanecen invisibilizados por un conjunto de normas y reglas no escritas dictadas desde la androcracia y el conservadurismo.
Los derechos de propiedad y financieros han sido minusvalorados, tanto por las instituciones públicas como privadas, lo que ha abonado al círculo de violencia al que están sometidas, fomentando una cultura de exclusión en donde las mujeres no han podido ejercer sus derechos con libertad y sin limitantes impuestas a partir de estereotipos absurdos.
Afortunadamente, desde el Congreso se está dando respuesta a una antigua y reiterada demanda de las mujeres y se avanza con paso firme hacia el establecimiento de la igualdad sustantiva, construyendo normas y políticas públicas que aseguren el ejercicio de los derechos de quienes constituyen poco más de la mitad de la población, pero, sobre todo, estableciendo mandatos expresos y claros que permitan combatir en la vida cotidiana las muchas barreras que impiden a las mujeres avanzar a mejores estadios de bienestar y prosperidad.
La igualdad sustantiva debe ser una experiencia colectiva y no un conjunto normativo imposible de cumplirse, por eso es que éste es el tiempo de las mujeres, de la feminización de la vida pública y de la justicia social con perspectiva de género.
