Guadalupe López Espinosa
Xalapa
El Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos que tiene un presunto daño patrimonial de 225 millones de pesos no logró solventar nada; la extinta Secretaría de Comunicaciones (Secom), que tiene un faltante de más de 44 millones de pesos, no solventó 19 millones 447 mil pesos; en lo que concierne a Espacios Educativos, éste solventó todas las observaciones. Todo esto relativo a la Cuenta Pública 2012.
Esto lo señaló el diputado Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, al dar a conocer los resultados de la fase de solventación de observaciones, de lo cual el pasado miércoles fueron notificados los entes fiscalizables arriba mencionados.
Explicó que de los tres entes fiscalizables que ayer fueron citados, el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos había presentado en el dictamen presunto daño patrimonial de 225 millones 717 mil 543.04 con cuatro observaciones.
De esos 225 millones, la documentación y aclaraciones presentadas por los presuntos responsables durante la audiencia de pruebas y alegatos no fueron suficientes para solventar o desvirtuar las observaciones notificadas, por lo que no se solventó nada en relación con el fideicomiso.
Asimismo, en lo que respecta a Espacios Educativos, había la Comisión de Vigilancia dictaminado un presunto daño patrimonial de dos millones 665 mil 125.60 con 34 observaciones que ya fueron solventadas, por lo que este caso quedó resuelto.
Y en cuanto a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas — la antes Secretaría de Comunicaciones—, la Comisión de Vigilancia había determinado un presunto daño patrimonial de 44 millones 214 mil 302.85 y 17 observaciones, de lo que solamente se solventó 409 mil 254 pesos con 72 centavos de dos observaciones.
De igual modo hay otras observaciones que están sujetas a seguimiento por 24 millones 749 mil 854.50 pesos, que corresponde a seis observaciones; y nueve observaciones que no fueron solventadas y que representan un monto de 19 millones 447 mil 670.06.
Así está la situación sobre los tres entes que el pasado miércoles notificó el Órgano de Fiscalización a las personas que se encuentran relacionadas con este tipo de presunto daño patrimonial.
Garrido Sánchez explicó que el siguiente paso es que las personas inmiscuidas en este asunto tienen el derecho de interponer un recurso de reconsideración dentro de los próximos 10 días hábiles. En tanto, la Legislatura esperará si sus abogados toman la determinación de hacer valer este recurso. Además, de ser ejecutado, será necesario que haya elementos de prueba.
Asimismo, se le preguntó cómo queda la situación del diputado Raúl Zarrabal Ferat, quien fue secretario de Comunicaciones (hoy SIOP) durante el periodo auditado. Garrido Sánchez respondió: “Nosotros no podemos, mucho menos la Comisión ni el Órgano de Fiscalización en este momento, dar nombres porque es un tema que se encuentra jurídicamente abierto. No podemos ser irresponsables al dar nombres, tenemos que esperar a que el Orfis reciba o no el recurso de reconsideración. Y una vez que ya tenga una opinión nos la dará a conocer el 9 de mayo a la Comisión Permanente de Vigilancia”.
Reiteró que en este momento decir algún nombre sería irresponsable y fuera de la ley porque hay que buscar los términos, esto en referencia a que algunos medios ya están señalando a Raúl Zarrabal. Por otro lado, declaró obvio que se le cite ya que él fue titular de esa dependencia que no ha solventado satisfactoriamente; sin embargo, no se debe dar ningún nombre hasta que esto jurídicamente no haya concluido.
Asimismo, en el caso de la Secom se le preguntó si también se podría citar a constructoras, a lo que el Diputado respondió que esa es la parte que está haciendo de alguna manera el Orfis, ente que tiene que ponerse de acuerdo con la nueva Secretaría de Infraestructura para analizar los pendientes relacionados con los 19 millones de pesos que no se pudieron solventar.
Mencionó por último que de no solventarse ese faltante tendrá el Orfis que presentar la denuncia correspondiente ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
