Esta Ley establece que, para las llamadas nuevas generaciones de trabajadores y pensionados, las cuotas y aportaciones serán de 15 por ciento para el empleado, 20 por ciento al patrón y 15 por ciento del monto de la pensión al beneficiado.
Los Diputados modificaron el texto original para establecer en el artículo 19 que los pensionistas aportarán al IPE 12 por ciento de la jubilación o pensión que disfruten, pero quedan exentos, quienes perciban no más de tres salarios mínimos generales elevados al mes, correspondiente al área geográfica “A”. La aportación se descontará del pago mensual que reciban y el Instituto la destinará a su Reserva Técnica.
Fecha anterior a la entrada en vigor de la presente Ley, excepto los dados de alta en el servicio antes del 1 de enero de 1997, que tendrán derecho a una pensión por jubilación a los 30 años de servicio y edad mínima de 53 años.
El Sueldo Regulador será el promedio ponderado de los sueldos de cotización, de acuerdo con los años que le falten al trabajador para cumplir 30 años de cotizaciones al Instituto, con la entrada en vigor de esta Ley, previa actualización mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La nueva Ley, integrada por once capítulos, 116 artículos y 15 transitorios, dicta que tienen derecho a jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, que hayan cumplido 65 años de edad.
Los trabajadores en transición que ingresaron al servicio hasta antes del 26 de noviembre de 2007 tendrán derecho a una pensión por jubilación al cumplir 30 años de servicio y contar con 53 años de edad.
Los trabajadores en transición que ingresaron al servicio después de esta fecha tendrán derecho una pensión por jubilación al cumplir 30 años de servicio y 60 de edad. El monto de la pensión por jubilación –en todos los casos– será de 100 por ciento del Sueldo Regulador.
POSICIONAMIENTOS
En la discusión de este ordenamiento, el Diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, del Movimiento Ciudadano, dijo carecer de elementos para un análisis profundo de la Iniciativa, y que no existe consenso entre los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado para modificar la Ley del IPE.
Afirmó que los trabajadores y pensionados, son los menos culpables de las decisiones equivocadas que pudieron tomarse antes en la institución.
Francisco Garrido Sánchez, del Partido Alternativa Veracruzana (AVE), dijo que la Reforma al Sistema de Pensiones mejorará significativamente el nivel y condiciones de vida a los trabajadores. Garantiza su Seguridad Social y el pago de las pensiones en el Estado, sin que el Gobierno sacrifique –para cubrirlas–, las inversiones destinadas a otros rubros.
Plantea un sistema con garantía de pensión mínima a todos los trabajadores afiliados y su aumento de acuerdo con Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta decisión favorecerá a las próximas generaciones y “esperamos que sea por el bien de Veracruz”, agregó.
Por su parte, Jesús Alberto Velázquez Flores, Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que esta Ley se aplica retroactivamente y aumenta la edad y las contribuciones de los trabajadores, quienes no son responsables de la situación del IPE, que genera un alto déficit anual.
Juan Eduardo Robles Castellanos, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista (PVEM), manifestó que se busca resolver la problemática del IPE y “la Ley que hoy se vota tiene muchos aspectos positivos”, benéficos por razones de justicia social, como el disfrute de una pensión por invalidez, cuyo requisito baja de 15 a tres años.
También se fijó que, en caso de que los recursos del IPE no basten para cumplir con las obligaciones a su cargo, el déficit lo cubrirán los patrones en la proporción que a cada uno corresponda, previa celebración de convenios especiales, en los que el Gobierno del Estado será responsable solidario.
Además, la Ley contempla crear la Pensión Móvil, que consistirá en dar un aumento a los pensionados en la misma fecha en que los entes públicos otorguen incremento salarial a los trabajadores en activo, y será equivalente al porcentaje real de este incremento, de acuerdo con el estudio actuarial.
Entre sus novedades –continuó– está el establecimiento del Sueldo Regulador, con base en los ingresos que percibió durante toda su vida laboral y no el último. Se crea también un Comité de Vigilancia para cuidar los recursos del Instituto, y en cuanto a las sanciones, la idea es desterrar las prácticas de corrupción.
Luego, el Diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), habló de “la desigualdad salarial que existe en el país”, cuya riqueza –que concentran unos pocos– es resultado del trabajo de la mayoría de la población.
Consideró que el Dictamen de esta nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado “no explica cómo se ha descapitalizado el IPE, y por qué es necesario hacer estas reformas”. Además, cuestionó el monto con que se han pensionado algunos funcionarios.
La Diputada Jaqueline García Hernández, en nombre del partido Nueva Alianza (Panal), expuso que su compromiso es con las nuevas generaciones y la seguridad social debe ser garantizada por el Estado, pues no se trata de una ayuda o medidas asistenciales, sino de un derecho de los trabajadores.
Pidió acrecentar la protección social y construir una reforma con posibilidades reales, pues la esperanza de vida es de 72.4 años, lo que hace necesario adecuar la edad de jubilación. “Esta iniciativa respeta los derechos de los trabajadores” y busca recuperar la solidaridad transgeneracional, una política social con derechos garantizados –agregó–, con una reforma estructural como la propuesta.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, explicó que no pueden ir a favor de esta propuesta, cuando el sistema de pensiones está en crisis: “Sólo hay dos posibilidades, pues se perjudica al ciudadano o se perjudica al trabajador”.
Al hacer uso de la palabra por segunda vez, reconoció que el dictamen contiene beneficios, pero otros aspectos requieren del consenso de los trabajadores.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Diputado Antonino Baxzi Mata, argumentó que el Dictamen a discusión es resultado de muchas horas de trabajo, aunque hubo quienes no participaron en comisiones y ahora se oponen a todo.
“Para mí como representante sindical, como trabajador, se logró que –como lo marca el Dictamen– la pensión de quienes tienen los mayores sueldos no pase de 26 salarios mínimos. Se protegió a los trabajadores de abajo, que también pagan, porque el primer consenso fue apoyar a quienes ganan hasta tres salarios mínimos”, para que no estén obligados a aportar 12 por ciento de su pensión a la Reserva Técnica del Instituto.
“Modificamos varios artículos –continuó– y vimos que las viudas quedarán protegidas. Se trató de no afectar a los trabajadores, sino de encontrar la forma de sostener al Instituto”.
