“El problema es que cada pensionado sólo está sostenido por 1.5 trabajadores en activo, cuando deberían ser 11 como mínimo”, señala el documento.
La nueva Ley de Pensiones busca preservar los derechos creados por los trabajadores en activo, recuperar íntegramente la solidaridad intergeneracional y conservar la condición del esquema de beneficios definidos.
Con esta legislación, se disminuyen los requisitos para otorgar las pensiones de invalidez y muerte, pues se reduce el tiempo para obtener este beneficio, que era de 15 a tres años de servicio, lo que favorece a los trabajadores en activo, viudas e hijos.
Además, se contempla la pensión por jubilación anticipada, es decir, quien no cumple con el requisito de edad, que es de 65 años, podrá acceder a este beneficio cumpliendo 60 años.
Para evitar compromisos que vulneren la viabilidad financiera de la institución, ahora se establece un tope máximo a las pensiones, con el cual no se podrá superar los 26 salarios mínimos. Asimismo, se garantiza el pago del Seguro Social a través del Gobierno del Estado para todos los gratificados.
A los pensionados actuales no se le vulneran los derechos ya adquiridos, mientras que los nuevos, cuya percepción no exceda el monto equivalente a tres salarios mínimos elevado al mes, quedan exentos de la aportación del 12 por ciento de la jubilación o pensión.
Los trabajadores que cubran los requisitos para su jubilación o pensión al momento de la entrada en vigor de esta Iniciativa, no se les afectará sus derechos.
Del mismo modo, la movilidad de las pensiones se mantiene y los entes (Gobierno del Estado, organismos y municipios) incrementarán la aportación hasta el 20 por ciento del sueldo en beneficio de los trabajadores.
La nueva Ley deja en claro que el Gobierno del Estado garantizará aún más la seguridad social para los empleados, siendo solidario en caso de que el IPE no tenga la solvencia financiera para cubrir el pago de sus obligaciones.
