La Iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes, establecería también esta improcedencia contra actos materia de juicio o procedimiento pendiente de resolución, promovidos por el mismo actor, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones que se reclamen sean distintas.
Además, señala que Veracruz cuenta con un mecanismo legal específico que permite a sus habitantes acudir al Juicio de Protección de Derechos Humanos, para hacer valer aquellos que estima violados por actos de autoridad. Pero –añade el documento–, para preservar la certeza jurídica de ello, es indispensable disponer de las medidas legislativas necesarias.
También se recuerda que el Juicio de Protección de Derechos Humanos está diseñado para proteger al gobernado frente a posibles abusos de autoridades administrativas o legislativas, que no estén sujetos a la potestad de órganos jurisdiccionales en el Estado.
Por lo anterior, no es adecuado que se abra un proceso de esta naturaleza en casos en que existan expedientes que se ventilen ante tribunales o autoridades estatales pendientes de resolución, para evitar resoluciones disímbolas hacia un mismo acto, así como la posible invasión de competencias entre los distintos órganos del Poder Judicial.
