En el documento, la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “B” precisa: “… Se emite pronunciamiento en el sentido de que la información y documentación proporcionada por esa entidad fiscalizada (la Universidad) presenta los elementos necesarios para atender lo solicitado en la acción de referencia…”.
Como se recordará, la Universidad habría recibido en febrero una solicitud de aclaración de 364 mil 4.2 pesos en el rubro de prestaciones no ligadas al salario. En su oportunidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una comunicación en la que no objetaba el ejercicio de estos recursos de aportación federal por estar plenamente justificado.
“… Estos recursos contribuyeron al sostenimiento de esa Casa de Estudios, además de que esa universidad está obligada a cubrir los pagos derivados de los compromisos contraídos en sus contratos colectivos firmados con sus sindicatos, en virtud de que es un documento jurídico válido y registrado ante la junta de conciliación y arbitraje correspondiente”, expresó la comunicación de la SEP referida y firmada por Salvador Malo Álvarez, titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.
