- La masacre sigue impune, madres de víctimas reciben trato indigno de autoridades, la FGE rechazó la recomendación 30/2025 de la CEDH
ENRIQUE BURGOS
COATZACOALCOS
Al cumplirse seis años del ataque al bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, familiares de las víctimas, impugnaron el rechazo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por trato indigno a los fallecidos.
El 27 de agosto del 2019 por la noche un incendio provocado por criminales dejó 32 muertos entre trabajadores y clientes.
Los afectados, denunciaron que, ni autoridades judiciales ni gubernamentales han podido cubrir el vacío institucional en el proceso de investigación, sumado a la revictimización tras la tragedia, al descubrir que los cuerpos de sus seres queridos, lejos de ser tratados con dignidad, fueron entregados en condiciones infrahumanas.
América del Carmen, madre de Xóchitl Nalley Irineo Gómez, trabajadora del bar que murió en el ataque; señaló que ante la falta de respuestas han impugnado la resolución de la FGE, enviando la queja directa a las instancias federales en la Ciudad de México.
Apuntó que estos procesos que ha realizado con desgastantes, estresantes, pero sobre todo dolorosos, pues se trata de la memoria de su hija, por ello persiste. La madre de Xóchitl, confirmó que las familias no reciben apoyos prometidos como becas, ayuda económica y atención del DIF.
Aseguró que, por parte del director del DIF de Coatzacoalcos, Elit Seba Juárez, se le negó la ayuda pues el funcionario aseguró que no hay apoyo para nadie.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 30/2025, en la que constató que al menos 22 cuerpos fueron entregados sin las mínimas condiciones de higiene, muchos en estado de descomposición, algunos cubiertos con larvas y sin refrigeración, y permanecieron horas expuestos en el SEMEFO de Cosoleacaque .
Además, la CEDH documentó la revictimización secundaria de al menos 17 familiares que, además del dolor, enfrentaron irresponsabilidad institucional.
La recomendación exigía varias medidas de reparación integral, como una disculpa pública, indemnizaciones, atención psicológica, inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, capacitación del personal forense y revisión de protocolos.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), liderada por Verónica Hernández Giadáns, no respondió dentro del plazo legal, lo cual implica el rechazo tácito de la recomendación.
