18 de Marzo de 2026

Ayuntamientos deben garantizar espacios laborales para discapacitados

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Redacción
Xalapa, Ver.

El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXVII Legislatura, diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, exhortó a las autoridades municipales electas de los 212 ayuntamientos de la entidad a dar cumplimiento al Artículo 21 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad. Dicha disposición establece que al menos el 3% de las vacantes disponibles en la administración pública municipal debe ser ocupado por personas con discapacidad.

Durante su participación en la Decimocuarta Sesión Ordinaria, el legislador recordó que, a partir del próximo 1 de enero, entrarán en funciones las nuevas administraciones municipales, las cuales tendrán bajo su responsabilidad la integración de su personal y la definición de políticas internas en materia laboral y administrativa.

Señaló que este proceso de renovación representa una oportunidad crucial para que los gobiernos municipales adopten prácticas inclusivas y cumplan de manera estricta con la normatividad vigente, en particular con lo establecido en la Ley Número 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad.

El diputado Omar Blanco puntualizó que el Artículo 21 de dicha ley establece expresamente que los ayuntamientos deben destinar al menos el 3% de sus vacantes a la contratación de personas con discapacidad, siempre que cumplan con el perfil y las aptitudes necesarias para el cargo.

“Esta disposición constituye una acción afirmativa y una obligación legal que busca garantizar condiciones de inclusión laboral y contribuir al pleno ejercicio de los derechos de este sector de la población”, precisó el integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Previamente, subrayó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay aproximadamente 8.8 millones de personas con discapacidad (2023). De ellas, solo el 40.6% de las personas con discapacidad de 15 años y más participa en alguna actividad económica, frente al 60% en la población sin discapacidad.

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