-Fue transferido a Coatzacoalcos, luego de las quejas en su contra
DE LA REDACCIÓN
Señalado por una larga lista de casos de corrupción, tanto en la oficina del Registro Civil del municipio de Coatzintla, como en su paso por el Registro Público de la Propiedad, Édgar Fabián Espinosa Arias finalmente fue cambiado de adscripción, aunque sus malos antecedentes no auguran nada bueno para quienes caigan en sus manos.
Gracias a participar en la campaña política del ex alcalde Víctor Moisés Hernández Stivalet, dicho personaje fue puesto a cargo del Registro Civil, donde encontró una “minita de oro” debido al pago de cuotas que los ciudadanos debían hacer a cambio de la realización de trámites como la corrección de datos en actas y la expedición de copias certificadas.
Este personaje cobraba de mil a tres mil pesos, según el procedimiento requerido; sin embargo, después de recibir el pago “discreto”, el deficiente funcionario estancaba el trámite con el fin de desesperar al interesado, obligándolo a ofrecer más dinero a cambio del documento.
Durante tres años consecutivos, Édgar Fabián Espinosa se encargó de “sangrar” a cuanto ciudadano solicitaba el servicio del Registro Civil, incluso sus fechorías fueron documentadas por la misma Contraloría de Coatzintla, quien registró una serie de denuncias por corrupción en su contra, pero no hizo nada en contra del rapaz funcionario.
Al tiempo que se acabó el mandato de Hernández Stivalet y fue electo como presidente municipal el perredista César Ulises García Vázquez, éste se encargó de solicitar la baja definitiva de Édgar Fabián, debido a la larga lista de denuncias de corrupción en su contra, logrando su destitución, por lo que Espinosa Arias pidió ayuda a sus padrinos políticos, quienes los acomodaron en la oficina del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad.
Fue en el mes de marzo de 2015, cuando Édgar Fabián Espinosa Arias tomó protesta como encargado de la oficina del Registro Público de la Propiedad en la Séptima Zona Registral con cabecera municipal en Poza Rica, en donde continuó “haciendo de las suyas” desde que tomó posesión del cargo.
Ahí fue señalado también de corrupción por exigir cuotas a los ciudadanos que acudían en busca de agilizar sus trámites de escrituración; se sabe que por cada archivo el solicitante debía pagar de 200 a 500 pesos, mismos que se entregaban directamente al ex titular de la oficina en el folder donde guardaban los documentos.
