-Funcionarios dejan a su suerte a víctimas del delito
Por Jesús Rodríguez
Es urgente la renovación de Fiscales en la Unidad Regional de Procuración de Justicia, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes lejos de favorecer la resolución de los conflictos, generan más condiciones de encono sin que los particulares alcancen la justicia que demandan de la institución.
Un ejemplo fue el hecho suscitado la noche del pasado lunes y madrugada del pasado martes, cuando una audiencia de entrega de un menor a su madre se extendió hasta por siete horas, luego de que se dieran a conocer las irregularidades cometidas por parte de la Fiscalía, quien de entrada vulneró los derechos humanos de una menor de 14 años de edad, quien no fue tomada en cuenta a la hora de determinar con quién de sus padres quería estar.
Tras la publicación de la información y el temor de que su actuar irregular sea juzgado por parte de los superiores en la Fiscalía Estatal, la noche del pasado lunes fue llamada por parte de la Fiscal Marilú Salas Martínez, la señora Sandra Mariel Lastra madre de la menor, quien acudió al llamado afirmando desconocer los motivos, más al arribar se enteró que habrían de entregarle a su hija de 14 años de edad, quien desde el pasado 15 de diciembre había permanecido resguardada por parte del DIF municipal.
Antes, el día 15, el DIF resguardó a la menor por determinación de la propia fiscalía, a decir de la señora Sandra Mariel Lastra, quien aseguró no haber ordenado que fuera depositada en dicha institución. El padre de la menor Ariel Domínguez, reclamó que la menor no tenía por qué, estar en un albergue del DIF, pues la propia Fiscalía, en autos, y como parte de las investigaciones relacionadas con la determinación de la custodia de la menor, había señalado a una tutora en específico y que correspondía a una de sus abuelas. El padre no podía tenerla, pues no cuenta con la custodia legal.
