- Conocida también como #LadyCroquetas, #LadyCabrona, y #LadyHummer, ha sido considerada la primer mujer sancionada por ejercer violencia política en razón de género en contra de una mujer
REDACCIÓN
TUXPAN
La candidata a la diputación local del Verde Ecologista, Citlali Medellín Careaga, se ha ganado el título de ser la primer mujer funcionaria en cometer violencia política en razón de género en contra de una mujer, particularmente contra su propia compañera edil, contrariando así la imagen que siempre ha querido proyectar calificándose como defensora de las mujeres, cuando ha sido ella quien más se ha ensañado con las féminas, valiéndose de su poder como presidenta municipal.
De acuerdo a una investigación realizada por el portal de E-consulta Veracruz, y publicada en su página web, a la fecha hay cinco mujeres inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género (RNPS) de los Estados de Oaxaca y Campeche; Citlali Medellín sería la primera en el registro del Organismo Público Local Electoral (OPLE), según la sentencia que emitió el tribunal local el 13 de abril.
Como se recordará, magistrados locales acreditaron que la presidenta municipal interfirió en el desempeño de las funciones de sus compañeros, al recortar el salario de integrantes de Cabildo, lo que es considerado violencia política de género.
Medellín Careaga ha sido una de las alcaldesas más polémicas en la administración pública; y es que a principios del cuatrienio 2017-2021, estando en funciones, en junio del 2018 se dio a conocer a nivel nacional, por enviar un paquete de croquetas, pañales, ungüentos y toallas húmedas a conocido periódico regional, con oficinas en Tuxpan, supuestamente como regalo con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, ganándose así el mote de #LadyCroquetas,
En 2019, se ganó el sobrenombre de #LadyCabrona, por gritar a habitantes de una comunidad de Tamiahua que le reclamaban el incumplimiento de compromisos; en ese entonces la alcaldesa acudió a una reunión con habitantes de la Barra de Cazones, quienes se manifestaban contra la empresa TransCánada, que construía el gasoducto sur de Texas-Tuxpan.
Allí fue grabada cuando afirmó: “a ver, este muchacho, aquí no existe Juan Escutia ni Juana de Arco, cabrón”, su forma de referirse a los pobladores volvió a generar que la alcaldesa se viralizara en redes sociales.
A esto se suma el que aplicando sus propias leyes, hasta hace unos meses prohibió la entrada a su municipio de ciudadanos de zonas aledañas, con la intención de evitar la propagación del virus SARS CoV-2; y en cambio se valió de la pandemia para hacer negocio, ya que obligaba a las personas que necesitaban entrar a Tamiahua a pagar 400 pesos por una prueba de covid, además de vender cubrebocas e insumos para hacer frente a la pandemia.
Como se recordará, el pasado 20 de marzo del 2020, Medellín Careaga determinó limitar el ingreso de personas ajenas al municipio por lo que instaló retenes, cerró la playa y se decretó la suspensión en la instalación del mercado sobre ruedas. Más tarde la alcaldesa ordenó medidas más estrictas, a través de redes sociales, habitantes del municipio denunciaron que Medellín Careaga había aislado a tres familias de forma involuntaria, luego de que sus parientes llegaron de Monterrey, Nuevo León. En la grabación que subieron a redes sociales, señalaron que la edil los tenía bajo vigilancia para evitar que salieran de casa, por lo que sus víveres habían empezado a escasear. Con sus acciones extralimitadas, provocó el pique de la economía del municipio, afectando a un gran número de familias tamiahuenses.
Maneja discursos doble cara
Al inicio de la administración Medellín Careaga mantenía un discurso de crítica al partido Morena, incluso, exigió acciones para reducir la ola de violencia en la entidad. Calificó a Veracruz de "estado fallido" a raíz del asesinato de su homóloga de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea.
El 25 de septiembre de 2019, se dio a conocer el informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el que se hizo público el presunto daño patrimonial de los municipios, ahí aparecía Tamiahua con un millón 308 mil 382 pesos con 15 centavos, conforme a la observación FM-151/2018/029 DAÑ.
Para el 12 de enero de 2020, la presidenta municipal apareció en un evento político del gobierno de extracción morenista, sostuvo una “reunión privada” y curiosamente unos días después, el 29 de enero, el Orfis entregó la nueva valoración de la Cuenta Pública, en el que se borraron las observaciones y el daño patrimonial del municipio.
Campaña lujosa
En el mes de marzo de este año, la alcaldesa con licencia se ganó un nuevo mote, #LadyHummer, esto luego de que recorriera municipios del distrito de Tuxpan en una camioneta Hummer, promoviendo su imagen,lo que le valió severas críticas por el grado de marginación y pobreza en la entidad.
Sancionada por magistrados
Como se recordará, en 2020 diputados federales y locales validaron reformas que limitan la candidatura a actores y funcionarios públicos por incurrir en violencia política de género, y se ordenó la creación de registros nacionales y estatales para inscribir a quienes sean sentenciados por autoridades jurisdiccionales.
En noviembre del 2020 la entonces alcaldesa viajó a República Dominicana, asistió al IX Congreso Asamblea “Un Mundo” en Punta Cana para ser reconocida como Presidenta de las Mujeres Municipalistas de Latinoamérica y por ser una impulsora en la lucha contra la violencia de género.
En contraste, el 18 de abril, magistrados locales emitieron una nueva sentencia en la que determinaron que la alcaldesa incurrió en violencia política de género contra integrantes del cabildo.
Por instrucción de magistrados federales revisaron nuevamente la sentencia 561/2020, y determinaron que la alcaldesa también era responsable de la violencia en la que incurrió la Tesorera, Nimbe Alicia Romero, quien recortó el salario del síndico y la regidora tercera.
La primera sentencia de los magistrados responsabilizaba solo a la encargada de la administración de los recursos públicos, sin embargo, tras la revisión se determinó que la funcionaria municipal está bajo el mando de la alcaldesa, por lo que ella era corresponsable.
“El órgano jurisdiccional local no debió únicamente establecer al tesorero como responsable, sino que, por el contrario, debió analizar las conductas descritas por la parte actora, a fin de estar en posibilidades de determinar quién era el verdadero responsable”, observó la Sala Regional que emplazó a los magistrados locales a emitir una nueva sentencia.
De acuerdo con la denuncia, la alcaldesa sabía que el tesorero al frente había recortado la remuneración de regidores, sin previa aprobación del Congreso, acción que se considera violencia política de género.
