- María Elena Gutiérrez Domínguez, del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa, hizo un balance del cumplimiento de la Declaratoria, en donde enlistó los avances, pero también los rezagos.
Agencias
El primer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se distinguió por el raquítico cumplimiento a una larga lista de compromisos adquiridos el día que proclamó la Declaratoria Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Era la madrugada del 01 de diciembre del 2018, y tenía apenas unos minutos que había tomado protesta como gobernador de Veracruz. De frente a integrantes de 16 colectivos de familiares de personas desaparecidas, el mandatario de extracción morenista hizo una proclama que ponía el respeto a los derechos humanos en el centro de su administración.
Entre los familiares y madres de personas desaparecidas, que veían quedarse atrás gobierno indolentes del PRI y del PAN, se generó la esperanza de contar con funcionarios públicos, instituciones, y acciones de gobierno, que mejorar las búsquedas, el avance en las investigaciones, y la localización de sus desaparecidos.
Los expertos, por su parte, consideraron la Declaratoria un gran acierto –por lo menos simbólico-, frente a sus antecesores que relegaron la atención de los derechos humanos, y la investigación de los casos de desaparecidos, que para 2016, sumaban más de 3 mil 600 casos ante la Fiscalía General del Estado.
Pero a un año de establecer una larga lista de compromisos, el cumplimiento por parte de la administración de García Jiménez ha sido minino. En el tintero se han quedado varios temas pendientes.
María Elena Gutiérrez Domínguez, del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa, hizo el siguiente balance del cumplimiento de la Declaratoria, en donde enlistó los avances, pero también los rezagos.
CEB, atropellado arranque
Ente los avances, mencionó el atropellado establecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, a cargo de Brenda Cerón Chagoya, contemplado en la Declaratoria, y en la Ley de Desaparición Forzada.
“De manera general se ha cumplido su instalación, ya se ha delimitado cuáles son las funciones de investigación de la FGE, y cuáles son las tareas de búsqueda a cargo de la CEB, eso no tenía antes, ahora ya se logró”.
Sobre la Comisión Estatal de Búsqueda es de recordarse que aunque se puso en marcha casi desde el arranque del nuevo gobierno, estuvo casi la mitad del año estuvo sin presupuesto, sin oficinas, y sin personal para trabajar. Tanta fue la inoperatividad de la Comisión, que su primer titular, Geiser Manuel Caso Molinari, renunció a los 90 días de haber sido nombrado.
Otro aspecto que opacó la puesta en marcha del Comisión de Búsqueda fue el nombramiento de Brenda Cerón Chagoya como encargada de despacho. A quienes las madres reconocen con “buenas intenciones”, pero con escaza experiencia en el tema, lo que dio lugar a que la otra mitad del año se esfumara con “la curva de aprendizaje”.
“Hemos tenido idas y venidas con la Comisionada de Búsqueda, ha sido difícil para las familias adaptarnos a exigir lo que marca la ley, y para ella el asumir que el eje en el cual gira su trabajo es la desaparición y la atención a familias de desaparecidos”.
María Elena Gutiérrez destacó que con el paso del tiempo “Cerón Chagoya se ha sensibilizado, y ha organizado a un equipo de arqueólogos, trabajadores y compañeros que desde la institución han hecho un esfuerzo para atender a las familias”.
A medias, el Mecanismo de Coordinación y el Instituto Forense
Desde su punto de vista, María Elena Gutiérrez, quien busca a Rafael Espinosa Gutiérrez, desaparecido en agosto de 2013, consideró que otro paso adelante, aunque son reservas, ha sido la instalación del Mecanismo Estatal de Coordinación.
De acuerdo con lo establecido en la Declaratoria Emergente, en este gobierno se crearía el Mecanismo Estatal de Coordinación, para dar seguimiento a los hallazgos y peritajes realizados en las fosas clandestinas de Veracruz, junto con las familias de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil.
“Ya fue instalado el Mecanismo Estatal de Coordinación, donde participa la SSP, Segob, FGE, CEDH, CEB, Consejo Ciudadano de Búsqueda, eso ya existe, de que funcione es otra cosa”.
Sobre la creación de un Centro o Instituto de Identificación Forense, que de procesamiento a los restos humanos para atender la magnitud de la crisis, y contribuya a dar identidad a las personas que no han sido identificadas, María Elena Gutiérrez, dijo que “no hay nada concreto todavía”.
“Las autoridades han hablado de un lugar en Nogales, contemplado para su instalación, y nos han hablado de la asignación de presupuesto para el 2020, digamos que eso lleva rumbo, pero no hay nada concreto todavía”.
En era Cuitláhuac, sigue desaparición forzada
Para la integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa, el rezago más importante es que durante el gobierno de Cuitláhuac García han continuado los casos de desaparición forzada de personas.
“En la primera parte de la Declaratoria se hace un compromiso por terminar con las desapariciones forzadas, pero todavía no lo logran. Las noticias nos dan cuenta de que los policías, los agentes del Estado, continúan desapareciendo personas”.
A 12 meses de la llegada al poder, instituciones como la SSP, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, y policías municipales como la de Ixtaczoquitlán, han sido señaladas de continuar la desaparición forzada de personas.
Otro gran pendiente, enlistó Gutiérrez Domínguez, son los nulos avances en la investigaciones de los casos de desaparecidos y su judicialización correspondiente, a pesar de que a lo largo del año se tuvieron varias mesas de trabajo entre colectivos y el gobernador García Jiménez.
“Hemos tenido veintitantas reuniones con el gobernador, y se atiende lo que está en sus atribuciones como Poder Ejecutivo, pero queda de lado el tema judicial, hay casos que no se han judicializado por la FGE, y no se han presentado avances en la investigación, por tanto no hay posibilidad de encontrar la verdad y la justicia”.
María Elena Gutiérrez señaló que otro compromiso dentro de la Declaratoria, fue la creación de una policía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.
“Lo que sé es que hay tres personas que se incorporaron a la CEB, pero no obedecen a la policía especializada que se requiere, la policía especializada deberá demostrar que es especializada, y de eso no hemos tenido información, creo que no hay nada”.
FGE y familias, continúa el desdén
A pesar de que Jorge Winckler Ortiz fue defenestrado de la Fiscalía General del Estado desde inicios de septiembre, las familias de personas desaparecidos no perciben un trato distinto por parte del organismo autónomo.
La integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa dijo que a la actual encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, “le falta sensibilidad para trabajar con todas las familias, y no solo con un grupo que represente a un sector de las familias en el estado”.
María Elena Gutiérrez mencionó que ya han pasado varios años desde la desaparición de sus familias, “ya no tenemos mucho tiempo para esperar a que se vuelvan sensibilicen, y por eso exigimos que se nos atienda, que ofrezca avances en las carpetas de investigación”.
La integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa consideró que en vísperas del 2020 se hace necesario una revisión integral de la Declaratoria Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que marque directrices puntuales y específicas para el año entrante.
“Mi expectativa es hacer una declaratoria más objetiva, en donde se reconozcan las relaciones interinstitucionales que les permite la ley; de tal forma que no se dobletén funciones, o lo establecido en la norma”, concluyó María Elena Gutiérrez.
