EL UNIVERSAL
México, DF
Mantener anualmente las comisiones de la Cámara de Diputados cuesta más de 526 millones de pesos y pese a ese gasto resultaron inoperantes en el pasado periodo ordinario de sesiones, porque las reformas constitucionales se discutieron directamente en el pleno.
En San Lázaro hay 93 comisiones y su función -de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso- es elaborar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones de las iniciativas, minutas y puntos de acuerdo, por lo que contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, sin embargo, las reformas de gran calado -como la energética o la política- obviaron este trámite.
De acuerdo con el Comité de Administración del palacio legislativo de San Lázaro, el costo mensual de las 93 comisiones asciende a alrededor de 43.8 millones de pesos y son distribuidos de la siguiente forma: 56 ordinarias y 37 especiales, bicamarales y de investigación.
Los diputados de las distintas bancadas reconocieron esta falta de discusión en comisiones y añadieron que prevaleció el "acuerdo intrapartidista" para agilizar la toma de decisiones y así aprovechar lo efímero de las coincidencias partidistas del momento.
De esta forma, se llevaron directo al pleno las reformas energética, política, financiera, hacendaria y de transparencia. La iniciativa que regularía las marchas en la ciudad de México también fue resuelta obviando este trámite, sin embargo no fue discutida en el pleno por cuestión de tiempo.
En muchos casos, las comisiones sólo aprobaron los dictámenes en lo general, pero siempre prevaleció el acuerdo para que los temas encorchetados se fueran directo para ser discutidos en el pleno aun cuando esas reservas no tuvieran éxito.
Los argumentos
Para el secretario de la Comisión de Hacienda, Jorge Herrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que muchas reformas trascendentes no hayan sido turnadas a comisiones responde a tres premisas: no duplicar trabajo, optimizar tiempo y no seguir el juego a quienes querían dilatar o retrasar las reformas.
Explicó que en muchos casos las actitudes de Acción Nacional (PAN) o del Partido de la Revolución Democrática (PRD) orillaron a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política a llevar dictámenes directo al pleno.
Sin embargo, aseguró que la aprobación de las reformas se dio dentro de la ley y añadió que sería una mentira decir que se aprobaron fast-track, pues desde su óptica, llevan varios años de discusión.
"Ellos (legisladores de izquierda) secuestraron la tribuna y no nos permitieron ni la salida ni la entrada, por lo que tuvo que trabajarse de esa manera (en una sede alterna). Estamos apegados a derecho, no hemos hecho nada fuera de la ley", reiteró.
El artículo 82, numeral dos, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados establece la excepción en el trámite legislativo de turno a comisión al señalar que un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno sin que se presente dictamen de la comisión respectiva cuando se tramite de urgente u obvia resolución.
Por su parte, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, dijo que durante el pasado periodo de sesiones la excepción se convirtió en la regla al brincarse todas las etapas del proceso legislativo en minutas o dictámenes de gran calado.
Aseguró el legislador que fue un agravio para su partido el hecho de que ninguna de sus propuestas fuera tomada en cuenta para corregir cada uno de los dictámenes, y acusó que existe en el Congreso de la Unión una "dictadura legislativa" de las bancadas mayoritarias.
"Es un derroche y un despilfarro porque las comisiones están para dictaminar, deliberar, son grupos especializados del Congreso que precisamente se han creado para analizar estos temas, pero si no va a haber este funcionamiento y vamos a caer en un asambleísmo autoritario, pues salen sobrando las comisiones", dijo.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano, acusó a los integrantes de la izquierda de ser los que propician que los dictámenes ya no pasen por comisiones y se vayan directo al pleno. Afirmó que no hay ninguna ilegalidad en que ya no sean discutidos en comisiones, pues "el pleno es la autoridad máxima de ambas cámaras".
